El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmó ayer en el Congreso de los Diputados que se necesitan «reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial» para garantizar a los mayores el ejercicio de sus derechos.
«Tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros», dijo Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones para dar cuenta de su gestión en los años 2018 y 2019.
Antes de comenzar su comparecencia, se votó que se cambiara el orden del día y Marugán tratara monográficamente el tema de la crisis sanitaria a petición del PP (Vox lo apoyó y Cs se abstuvo), pero se rechazó.
Sin embargo, se refirió a ello manifestando que el virus «ha sido tan poderoso que ha sido capaz de parar el planeta» y que con la triple emergencia que ha provocado, sanitaria económica y social, «vamos a tener que pelear en los próximos años».
dos últimos años / El Defensor analizó la atención residencial en España dentro de sus informes de los dos últimos años y aseguró que se lleva examinando desde hace tiempo y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos.
En el 2018 y «ante las reiteradas quejas recibidas», recabó información sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades. En el 2019 continuó con su análisis y todavía no han contestado Cataluña, Galicia y Canarias.
De entre las reformas más urgentes, cree necesario revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial y se debe profundizar en el conocimiento de las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia mayores.
También ve urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión, y cree conveniente reforzar la atención médica y de enfermería.
«La experiencia sufrida en las últimas semanas aconseja recomendar que las residencias cuenten con una estructura médica y de enfermería más amplia y extensa, para atender a unos residentes cada vez más dependientes», subrayó el Defensor, que instó a armonizar la normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.
Recalcó que la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico, o las sujeciones físicas. En este sentido, instó al impulso de una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las personas de edad avanzada, con especial referencia a la atención en los centros residenciales.
En otro orden de cosas, Marugán calificó de «batalla muy seria» la de la violencia machista, valoró el acuerdo alcanzado para el ingreso mínimo vital y e hizo un llamamiento a alcanzar un consenso educativo.
