El joven que responde a las iniciales Y.B. arribó en patera a la costa de Almería el 19 de agosto del 2009. Tras ser detenido, aseguró que era menor, pero ante las dudas suscitadas, las fuerzas de seguridad le llevaron a un hospital para verificar su edad a través de una radiografía de la mano izquierda. El dictamen médico estableció que tenía una edad de 16 años, por lo que fue ingresado en un centro de protección de menores. Hasta ahí nada se aparta de la normalidad. Pero el menor se escapó y solo cinco días después fue detenido en Valencia, donde se le practicó otra prueba que dio como resultado que el chico tenía... !18 años¡. Y el 9 de septiembre apareció en San Sebastián donde, tras una tercera radiografia, se le adjudicaron... 17. Tres edades diferentes en menos de un mes. Un día era menor, al siguiente mayor de edad, pero después otra vez menor.
Este es uno de los múltiples ejemplos que la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha incluido en el informe ¿Menores o adultos? presentado ayer en el que denuncia el caos administrativo la y la falta de rigor a la hora de determinar la edad de los inmigrantes irregulares que aseguran ser menores. "Este caso es especialmente llamativo por la repetición de pruebas en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, no es un caso aislado, sino que se ha podido encontrar de manera repetida en varios supuestos", apunta el documento.
¿Por qué éste desbarajuste? Las razones son varias, según la defensora. En primer lugar, las distintas administraciones que intervienen aplican "una amplia diversidad de prácticas" en un proceso, el de la determinación de la edad a partir del desarrollo óseo que ya de por sí es incierto y solo puede ser aproximado.
Las pruebas practicadas carecen muchas veces del "mínimo rigor científico" y en muchas de ellas "no se respetan los derechos de los menores".
