Los Defensores del Pueblo han defendido hoy medidas en favor de las personas con discapacidad y reformas legales sobre su capacidad jurídica para superar el modelo de sustitución de la voluntad por el de apoyo o asistencia en la toma de decisiones.

Según informa un comunicado del Diputado del Común de Canarias, estas son las medidas propuestas por los Defensores del Pueblo en las XXVIII jornadas de coordinación que han celebrado en Lanzarote, donde han debatido la aplicación en España de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, tras cinco años de su entrada en vigor.

Destacan que la Convención establece una nuevo modelo social de la discapacidad basado en los Derechos Humanos, por lo que proponen reformas legales que ajusten los ordenamientos jurídicos al tratamiento que ofrece en la relación a la capacidad jurídica.

Para ello, consideran necesario dotar a la Administración de Justicia de los medios suficientes para poder desarrollar este nuevo enfoque.

Los Defensores del Pueblo también han abogado por una reforma legal de la medida de internamiento involuntario, que deriva de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y que se aproveche para desvincular dicha medida la idea de discapacidad, de manera que se aborden todas las situaciones en las que una persona (con discapacidad o no), puede ser ingresada sin su consentimiento.

Así mismo, consideran imprescindible que "en la actual situación de crisis económica, se fortalezcan y garanticen los derechos de los padres con discapacidad y de sus hijos, diseñando medidas de apoyo que eviten que la discapacidad pueda llevar a la retirada de la tutela de los hijos".

También han recomendado a las administraciones que revisen y actualicen la múltiple terminología que emplean para referirse a la discapacidad, con el fin de favorecer un cambio de percepción, y luchar contra los estereotipos y prejuicios.

Para los Defensores del Pueblo "resulta inexcusable que se activen los trabajos para disponer de un nuevo baremo de evaluación de discapacidades que supere las limitaciones del actual, muy centrado en los aspectos de tipo físico o sensorial".

Según la nota, en sus conclusiones reclaman una aplicación más estricta de las facultades inspectoras y, en su caso, sancionadoras en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, dada la falta de aplicación de esta normativa.

Asimismo, consideran necesario difundir en la sociedad los valores fundamentales de la educación inclusiva y que los poderes públicos asuman, en el marco de lo establecido en la Constitución, el "inaplazable compromiso" de supresión de las barreras que impiden el ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

En particular, respecto las arquitectónicas y urbanísticas, los Defensores apelan a la coordinación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias".

En cuanto a la atención a la dependencia, entienden que en un contexto de severas restricciones presupuestarias, absorbe la mayor parte del gasto en servicios sociales generales, pero esta no debe constituir la única respuesta que se pueda esperar de las Administraciones Públicas para la protección de todo tipo de colectivos en situación vulnerable.

Los Defensores del Pueblo sostienen además que la aplicación, de manera general, de la gratuidad de los medicamentos para las personas con discapacidad, especialmente dependientes de la prestación farmacéutica, constituye una medida de apoyo "imprescindible" para estas personas.

En el ámbito sanitario, consideran también necesario prestar mayor atención a los problemas derivados de las personas con enfermedades crónicas, así como a las patologías múltiples, a través de enfoques más centrados en la atención a los pacientes, mientras que en el de transporte piden más medios adaptados.