LAS OBLIGACIONES. El tribunal afirma que las administraciones han de estudiar y calibrar, con todos los medios a su alcance, el entorno natural de ese lugar y prever los fenómenos naturales que puedan repercutir en la integridad de las personas.
LA SOLIDARIDAD. La Audiencia Nacional condena a pagar las indemnizaciones, a partes iguales, a la Diputación de Aragón y al Estado. El tribunal considera responsable al Gobierno de Aragón porque no atendió el informe desfavorable que advirtió del riesgo de que se ubicara en ese lugar el cámping. Y culpa al Estado por haber consentido, con actos posteriores, que se instalará y funcionara normalmente el cámping.
LA CUANTIA. El tribunal establece una misma cantidad (180.000 euros) por cada fallecido.
