Las condenas por delitos contra el medioambiente se han triplicado desde el 2008, al pasar de 219 a 773. Y dentro de este capítulo es especialmente llamativo el aumento de las condenas a personas que han maltratado a los animales, ya sea de forma particular u organizada con peleas de perros, de gallos... Este tipo de sanciones penales se han multiplicado por 14 en casi una década, al pasar de solo 11 en el 2008 a 163 en el 2017, según datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en el avance del primer estudio sobre la efectividad del derecho penal en la defensa de la naturaleza, que está realizando SEO BirdLife con el apoyo de la Unión Europea.

Esta investigación concluye que en los últimos años ha habido un descenso relativo en las infracciones administrativas y un aumento progresivo en los delitos. Y eso que en torno al 98% de los incumplimientos de la legislación ambiental todavía se catalogan como infracciones administrativas y solo el 2% se tramitan por la vía penal.

Incluso así, los delitos perseguidos por la fiscalía y la Guardia Civil contra el medioambiente, ya sea contra la flora y la fauna o contra otros recursos naturales, se han cuadruplicado en la última década, al pasar de 130 en el 2007 a 606 en el 2017, en esta ocasión según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Este aumento de los procedimientos penales se corresponde con el incremento de las condenas.

Con todo, los datos están dispersos en varias fuentes y una de las primeras recomendaciones del estudio es la necesidad de unificar en una estadística toda la acción judicial de protección del medioambiente, para poder tener datos más concluyentes. No obstante, todos los indicadores apuntan a ese crecimiento de los delitos que Daniel de la Bodega, responsable legal de SEO BirdLife, no achaca a un aumento de la criminalidad, «sino a que la sociedad está cada vez más concienciada del daño que se causa a la naturaleza y denuncia más».

Asimismo, una mayor especialización y capacitación de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías medioambientales está permitiendo, según la organización ecologista, «un mayor conocimiento y esclarecimiento de delitos» que, en muchos casos, son muy difíciles de investigar y de buscar responsabilidades.

Según los datos del Seprona (la unidad especializada de la Guardia Civil), la mayoría de las infracciones penales en el ámbito de la flora y la fauna son por caza ilegal y maltrato de animales, mientras que la pesca ilegal y el tráfico ilícito se mantienen en cifras bajas (17 y 12 infracciones penales esclarecidas en el 2017). No obstante, de los dos grupos más numerosos, caza y maltrato, el primero ha descendido el 42% desde el 2009, mientras que el segundo ha experimentado una subida superior al 400%, al pasar de 128 a 556 infracciones esclarecidas.

La propia Fiscalía General del Estado, en su memoria del 2017, ya reparó en el «aumento llamativo» de los procesos judiciales por maltrato animal y de las sentencias correspondientes y lo achacó al incremento de la «participación ciudadana, apreciándose mayor número de denuncias de asociaciones protectoras, de colegios de abogados y de particulares».

Aun así, SEO BirdLife ha detectado que el incremento de los litigios se da sobre todo en los entornos urbanos, ya que en el ámbito rural se siguen «normalizando» conductas como colocar cebos envenenados para disminuir la cifra de depredadores. Además, en el campo es más difícil de que lleguen al conocimiento de las autoridades determinados comportamientos. Y, cuando se tiene conocimiento del suceso, a veces han desaparecido las pistas que llevarían al culpable.