La mayoría de los empresarios no están por la labor de regularizar a sus sin papeles en el proceso que se inicia mañana. Esta es la pesimista conclusión a la que están llegando los sindicatos y las ONG más representativos que atienden desde hace semanas las quejas y dudas de decenas de miles de inmigrantes en toda España. Aunque no lo admite abiertamente, la Administración es consciente de esta resistencia, hasta el punto de que ha rebajado sus previsiones y cree "muy bueno" dar papeles a 250.000 irregulares. Es sólo un tercio de los 800.000 que se estima trabajan en la economía sumergida.

A la mesa del responsable de inmigración de CCOO de Cataluña, Ghassan Saliba, llegan cada día noticias de irregulares desesperados porque su empleador les niega el contrato de seis meses imprescindible para poder optar a la regularización. "En algunos casos, el empresario ha llegado ya incluso a despedirlos para evitarse complicaciones", explica Saliba, que vaticina que no pasarán el filtro del contrato más de un 30% de los afectados.

TODO TIPO DE EXCUSAS A Javier Pedreño, coordinador de la Asociación de Ecuatorianos de Cataluña, le llegan sin parar historias similares. Un promotor de la construcción acaba de despedir a cuatro y ya ha dicho que otros cuatro se irán a la calle.

Donde peores perspectivas se están detectando es la construcción, la hostelería y los locutorios, los sectores que más recurren al empleo sumergido. En el trabajo doméstico, en cambio, las cosas pintan mucho mejor. Ahí no es imprescindible que el inmigrante presente el contrato.

En el campo las cosas no pintan mucho mejor. Aunque en este sector basta un contrato de seis meses, las organizaciones agrarias Asaja y Coag ya han advertido de que las heladas que han afectado a todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, impedirán formalizar contratos como mínimo hasta abril y se han dirigido al Ejecutivo para que les amplíe el plazo para acogerse al proceso.

A la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, no le sorprenden estos datos. "Si alguien pensaba que los 800.000 podrían acogerse estaba en un error. Nosotros nunca lo hemos dicho", asegura con rotundidad. Aunque no quiere apuntar las estimaciones con las que ahora trabaja el Gobierno, consideraría "muy bueno" alcanzar una horquilla de entre 200.000 y 250.000 regularizados. "Aflorar esa bolsa de economía sumergida y aportar todos esos nuevos cotizantes a la Seguridad Social sería un éxito", añade Rumí.

MULTAS MILLONARIAS De todos modos, pide tranquilidad y recuerda que el plazo de regularización es de tres meses y la actitud de los empresarios puede cambiar durante este tiempo "si se percatan de que están realmente ante la última oportunidad de legalizar su situación, porque después no les saldrá a cuenta emplear a irregulares".

La ley de extranjería aprobada hace un año incluye un nuevo cuadro sancionador multimillonario. Dar trabajo a una cuadrilla de 10 irregulares en la construcción puede costarle al dueño la suma de hasta 600.000 euros, 60.000 por trabajador.

Los sindicalistas ya están aconsejando a los sin papeles "con empresarios sin escrúpulos" que esperen al 7 de mayo para denunciarlos. Entonces acaba la regularización, pero entra en vigor el artículo 45.2a del nuevo reglamento, que prevé dar papeles si Trabajo certifica que está empleado ilegalmente.