El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red integrada por trece personas, que han sido detenidas en Valencia, que supuestamente habría defraudado tres millones de euros a la Hacienda Pública mediante la venta de coches importados de segunda mano.

Según informó ayer el portavoz del Cuerpo en Valencia, Manuel Castilla, en la operación, denominada ITV-IVA y desarrollada desde principios del pasado mes de agosto, se han intervenido 850 vehículos de gama alta y una avioneta de seis plazas, además de diversas matrículas duplicadas, documentación falsificada y material para manipular cuentakilómetros.

Los vehículos eran adquiridos principalmente en Alemania a través de una de las detenidas, de nacionalidad germana, y traídos a España por carretera o cargados en un camión cuando el pedido era de varias unidades.

COMO ACTUABAN Antes de ser vendidos a compradores que desconocían la actuación ilícita de la red, desviaban la obligación de pagar los impuestos correspondientes poniéndolos a nombre de empresas ficticias del sector, o entidades reales que habían cesado su actividad.

Al parecer, según Castilla, la red usó tres empresas que ya habían cesado su negocio y que en su momento tenían su razón social en Elche, Alicante y Madrid. Además, con el mismo fin, utilizaban los documentos nacionales de identidad de otras personas, en algunos casos sustraídos y en otros "alquilados" a hombres y mujeres "del mundo marginal".

Una vez puestos los vehículos a nombres de particulares o empresas, los detenidos falsificaban un contrato de compraventa que carecía de la obligación fiscal de importación que Hacienda no podía reclamar, ya que los titulares de la venta eran ficticios.

En esta parte del fraude intervenía uno de los supuestos integrantes de la red, abogado en ejercicio en Valencia, que presuntamente falsificaba los documentos de transferencia e inspección técnica para su presentación ante la Jefatura de Tráfico y la Conselleria de Industria.

Según explicó el portavoz de la Policía, además de evitar el pago de impuestos, éstos eran cargados sin el conocimiento del comprador en el pago de la cuantía total del vehículo, con lo que conseguían incrementar sus beneficios.

De los 850 vehículos intervenidos, veintiséis continúan retenidos por las autoridades judiciales ya que fueron interceptados antes de ser vendidos, mientras que el resto ha sido devuelto a sus propietarios.