El desfase patrimonial de Fórum Filatélico es de entre 2.700 y 3.400 millones de euros, según reveló ayer la Fiscalía Anticorrupción tras pedir que se mantenga la prisión provisional para los ejecutivos de la sociedad por presunta estafa, administración desleal, insolvencia y blanqueo de capitales.

También ayer el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid autorizó el concurso necesario de insolvencia para la compañía y abrirá un plazo de un mes para que presenten sus deudas los acreedores afectados.

La investigación sobre Fórum Filatélico hará también que la operación Ballena Blanca , tramitada por los juzgados de Marbella (Málaga), llegue a la Audiencia Nacional, ya que el fiscal del caso en Marbella se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

INHIBICION El motivo de esta inhibición del fiscal es que la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de Fórum Filatélico, está dentro de las compañías implicadas en un supuesto blanqueo de capitales, derivado de una "sobrefacturación de los sellos".

Precisamente ayer, en una vista pública celebrada en la Audiencia Nacional para discutir la libertad de los cuatro ejecutivos de Fórum, el fiscal Alejandro Luzón confirmó los cargos de blanqueo de capitales contra los querellados y dijo, además, que "todo parece indicar" que la contabilidad "ha sido alterada de forma gravísima y consciente" durante los últimos años.

Según Anticorrupción, el debate no es si la sociedad es financiera o mercantil, tal y como planteaba hoy la defensa, sino el desfase patrimonial que tenía la entidad y que el conjunto de activos estaban una sexta parte por debajo de lo que debían devolver en los compromisos financieros de recompra y la rentabilidad ofrecidas.

De hecho, el informe del administrador judicial, presentado al juez Grande-Marlaska el pasado día 15 de junio, revela que estas obligaciones de la compañía con sus más de 200.000 clientes se cifran entre 3.500 y 4.200 millones de euros, en tanto que su patrimonio era únicamente de 410 millones en fondos propios y otros 400 millones en sellos.

Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se produjo una "estafa a gran escala" por la "inviabilidad del negocio y por la indisposición patrimonial", dado que se seguían comercializando este producto a sabiendas de que "la situación es de quiebra" a unos clientes que no eran expertos en inversión sino, sobre todo, jubilados y pensionistas. El fiscal Luzón dudó de la legalidad de los folletos que anunciaban una inversión "sin riesgo" y de los contratos que firmaban los clientes -"sin garantías externas".