Los grandes ayuntamientos, con Madrid y Barcelona a la cabeza, han puesto en marcha un dispositivo especial para expedir con la mayor agilidad posible los imprescindibles certificados de empadronamiento para los inmigrantes que aspiran a regularizarse. Esta es la medida adoptada para subsanar el que fue, el lunes, el principal escollo del primer día de la regularización.
El Gobierno no había precisado inicialmente cómo debía acreditarse el requisito de estar empadronado. Ante la indefinición, la mayoría de ayuntamientos habían librado simples volantes de empadronamiento, pero la orden ministerial que regula el proceso, publicada a última hora, especificó que era necesario el certificado. Este requiere la firma de varios funcionarios y tarda unos días en ser expedido.
Los problemas creados el lunes --la mayoría de solicitudes no admitidas lo fueron por este fallo-- llevaron a Trabajo a estudiar la posibilidad de reconsiderar la decisión, pero ayer descartaron dar por buenos los volantes. "No tienen suficiente validez jurídica", explicaron.
El secretario general del PP, Angel Acebes, acusó, por su parte, al Gobierno de "beneficiar a las mafias de la inmigración" con el proceso de regularización. Rubalcaba (PSOE) le respondió que era "una desfachatez".
