La Guardia Civil ha detenido a 44 personas en el marco de una operación de inspección en 300 empresas gestoras de residuos sanitarios de coronavirus. En total se han realizado en toda España más de 500 inspecciones que se han saldado con la denuncia de 184 infracciones administrativas por irregularidades en la gestión, transporte y eliminación de estos residuos.
Este dispositivo se ha desarrollado en el marco de la Operación Retrovirus coordinada por Europol y ha sido controlado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, la Guardia Civil informa de que se han detectado graves irregularidades y se han investigado para paliar los efectos de transmisión de la enfermedad.
Desde el inicio del estado de alarma, la Guardia Civil ha reforzado este control debido al gran volumen de actuaciones higiénico sanitarias, con una especial atención a los residuos que directa o indirectamente tienen relación con la covid-19. Y es que el incremento de la actividad sanitaria debido a la emergencia ha implicado un amplio aumento de los desechos.
MALA GESTIÓN INDIVIDUAL DE GUANTES Y MASCARILLAS
El instituto armado detalla que la forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores autorizados estos desechos, está siendo también crucial en términos de restringir la dispersión del virus.
Considera que la mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usados, está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.
El dispositivo ha contado con el apoyo de Europol en el análisis operativo y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembros y terceros países.
Las infracciones denunciadas pueden acarrear directamente la aplicación de sanciones penales recogidas dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En caso de que se considere que estas acciones pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impone una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
