La Guardia Civil ha detenido a siete médicos en la segunda fase de la operación contra la red de supuestos abortos ilegales que dirigía en Barcelona el facultativo Carlos Morín.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los siete especialistas detenidos son dos psiquiatras, dos anestesistas y tres ginecólogos, acusados de asociación ilícita, aborto ilegal y falsificación documental.
Al parecer, según las mismas fuentes, la mayoría de los detenidos ayer eran colaboradores externos que se encargaban de revestir de legalidad la actuación ilícita de esta red. En concreto, los dos psiquiatras firmaban informes médicos sin haber visitado a la paciente o lo falsificaban con el objetivo de justificar médicamente la interrupción del embarazo en avanzado estado de gestación atendiendo al riesgo para la salud mental de la madre. De esta forma, se revestía de legalidad la práctica de un aborto atendiendo a razones psiquiátricas, si bien éstas en realidad no existían.
Uno de estos dos psiquiatras trabajaba a tiempo parcial en el servicio de psiquiatría de la cárcel de Can Brians, donde hacía "guardias esporádicas", contratado por un consorcio hospitalario, según la consellera de Justicia, Montserrat Tura.
Tura ha indicado que mientras este psiquiatra ha sido objeto de investigación policial no han intervenido para no entorpecer en la causa, si bien una vez ha sido detenido han decidido abrirle un expediente, apartarle de sus funciones y buscar a un sustituto para que cubra sus guardias.
Por su parte, los tres ginecólogos detenidos están acusados de firmar el segundo informe médico preceptivo que establece la ley para justificar un aborto en un embarazo en avanzado estado de gestación, ya que la actual legislación estipula la necesidad de que un ginecólogo externo ratifique el primer informe de otro colega. Los tres anestesistas están acusados de haber intervenido en los abortos y falsificar en algunos casos los informes posteriores a la operación.
La detención de estos siete facultativos se produce como consecuencia de la investigación abierta por un juzgado de Barcelona a raíz de un reportaje de la televisión danesa y una querella presentada por la asociación católica e-Cristians, que mantiene desde el 30 de noviembre en prisión a tres de los seis detenidos en la primera fase. Se trata de Morín y su esposa, María Luisa D.S. y de María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo. En cambio, los otros tres acusados eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros.
