La Guardia Civil ha detenido a tres paquistaníes acusados de formar parte de una red de trata de trabajadores en Benifallet (Tarragona), que obligaba a 70 compatriotas a vivir "rayando la esclavitud", según ha informado José Antonio Leal, capitán responsable de la operación.
Los tres detenidos son de origen paquistaní y han sido denunciados por amenazas, extorsiones y un delito de trata de seres humanos para explotarlos laboralmente "sin ningún tipo de higiene ni seguridad, rayando la esclavitud", según Leal.
Todos los trabajadores -algunos en situación irregular y otros no- procedían de la misma región de Pakistán y son hombres en edad laboral captados en su región de origen con "falsas promesas de una vida mejor".
Una vez en el país, les obligaban a vivir bajo el mismo techo que quienes les reclutaban, "hacinados en tres viviendas" y les transportaban a fincas agrícolas para "trabajar de sol a sol" en la recolección de fruta, hasta que regresaban, otra vez custodiados y vigilados, a los domicilios.
La situación la destapó una de las víctimas el pasado mes de mayo al presentar denuncia ante la Guardia Civil, que investigó los hechos e incluso los grabó sobre el terreno.
La investigación, que sigue abierta, se ha hecho pública en una rueda de prensa para "concienciar a las víctimas y a los vecinos porque es muy complicado acceder a estas redes", ha puntualizado el teniente coronel de la Guardia Civil Mariano Martínez Luna.
La operación ha comportado el registro de cuatro domicilios y solo uno de ellos era una masía apartada, por lo que el Instituto Armado y el subdelegado del Gobierno, Jordi Sierra, han instado a la colaboración ciudadana para "acabar con estas situaciones".
Los temporeros no llegaban a percibir dinero por su trabajo, ya que se les obligaba a pagar por el alojamiento y la comida -que adquirían en una tienda propiedad de la banda- y en la operación los agentes se han incautado de documentación de interés policial en la que consta "transferencias de hasta 3.000 euros a Pakistán", ha detallado Leal.
Para las víctimas es casi imposible desligarse de la banda, porque "no interactúan con nadie ni ven otras condiciones de vida", por lo que incluso algunas no son ni conscientes de su explotación, pero además, "estaban coaccionados y amenazados, tanto ellos como sus familias y amigos en Pakistán".
Varios de los trabajadores también son víctimas de agresiones físicas e incluso consta un caso de agresión sexual, pero "tienen mucho miedo a las autoridades porque temen ser considerados culpables y no víctimas y ser expulsados", ha comentado el teniente coronel.
El Juzgado Único de Gandesa (Tarragona) se ha hecho cargo del caso.
