Pies al suelo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha brindado al Congreso la posibilidad de "reflexionar" sobre la polémica obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas en las ciudades. Una subcomisión integrada por todos los grupos parlamentarios debatirá durante los próximos meses sobre los pros y los contras de la medida escuchando expertos y analizando informes. Podría ser el primer paso de una marcha atrás, aunque no parece muy probable. El fin de la directora, María Seguí, no es otro que encontrar apoyos para no tomar en solitario la decisión, según fuentes de su entorno. Y, en cualquier caso, el PP dispone de mayoría absoluta en el Congreso.
La soledad de Seguí en el debate del casco se hizo patente ayer. La directora de la DGT explicó en la comisión de Seguridad Vial las novedades de su proyecto de nuevo reglamento de Circulación y se encontró con el rechazo de toda la oposición. Los partidos acogieron bien la creación de la subcomisión pero advirtieron que su posición de partida es contraria a "la imposición legal" del caso, no a su "promoción" o "impulso" por otras vías.
El debate venía precedido de una significativa decisión del Ayuntamiento de Madrid (PP), que la víspera acordó por unanimidad rechazar el casco porque frenaría el uso de la bici.
Seguí se mantuvo firme. "Toda la ciencia ratifica el elevado índice de protección de las lesiones craneales" que supone el uso del casco, subrayó, tras recordar que de los 3.767 ciclistas heridos graves en el 2010, hubo 622 que sufrieron un traumatismo craneoencefálico severo y solo 29 no tuvieron pérdida de conocimiento.
Con ella están asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y de automovilistas que aplaudieron la propuesta mientras que la Federación de asociaciones ConBici cree esa medida "contraproducente" para la promoción de la bici como medio de transporte y para el impulso de un nuevo modelo de movilidad "más saludable, económico y sostenible".
