Ni Diana Quer, ni la víctima de la Manada en los Sanfermines del 2016, ni la prostituta Yingying, asesinada el pasado diciembre en el barrio del Raval de Barcelona… ninguna de ellas ha sido, legalmente, víctima de un delito machista. Porque en España solo se reconoce este tipo de violencia en el entorno familiar, o más concretamente, cuando el agresor y su víctima mantienen o han mantenido una relación sentimental. Eso, a pesar de que desde hace años prácticamente todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por las Naciones Unidas, coinciden en que una mujer que ha sido agredida por el simple hecho de ser mujer, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público o social, deberá ser considerada como víctima de violencia de género en todos los casos.
La incorporación de estos casos a la relación de víctimas de violencia de género dispararía de forma exponencial las cifras oficiales actuales, que desde el 2003 (año en que empezaron a recogerse estadísticas en España) suman ya casi un millar de personas. Son 947 para ser exactos, entre las que hay 23 niños, que solo se contabilizan como víctimas desde el 2013.
Así, si los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad hablan de un 2017 con 48 mujeres y 8 niños muertos a manos de hombres que eran (o habían sido) sus parejas y agrega cuatro casos que aún están bajo investigación, el observatorio independiente Feminicidio.net, vinculado a organizaciones de defensa de las mujeres, ha sumado 38 víctimas más, entre las que incluye los feminicidios fuera del ámbito más íntimo. Su cómputo es de 98 víctimas de violencia machista en España.
«La legislación española es hoy claramente insuficiente», protesta Marta Roqueta, activista feminista y editora de la revista Zena.cat, especializada en la divulgación de la cultura popular con perspectiva de género. No tiene sentido que, por ejemplo, en el mediático caso de Sergio Morate, el hombre de Cuenca que mató a su exnovia, Marina Okarynska, y a una amiga de esta, Laura del Hoyo, solo se dé rango de víctima de violencia machista a la primera mujer, y no a la segunda.
Tampoco lo tiene que «todavía haya quien justifique a un violador o un agresor sexual, diciendo que o bien está enfermo o bien la víctima lo provocó», denuncia Roqueta, que insiste en el larguísimo camino que queda aún por recorrer en el ámbito de la prevención, de la educación y del cambio cultural.
«Estamos en una sociedad que, sea como sea, sigue castigando a la mujer: Diana Quer murió, si se confirman los indicios, porque intentó defenderse de su agresor; la víctima de la Manada, que no se defendió porque se quedó bloqueada por el miedo, ha sido cuestionada e insultada luego por la opinión pública, justamente por no resistirse y por tratar de rehacer su vida», lamenta la periodista. «Hoy en día ser mujer es un factor de riesgo», concluye.
El clamor para que el Gobierno español reforme de una vez la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del 2004, e incluya en ella esta y otras modificaciones, está creciendo en los últimos tiempos.
«Habría que introducir lo antes posible este asunto en la agenda política, porque España está tardando demasiado en equipararse a la normativa internacional», aboga Concepción Torres, profesora en la Universidad de Alicante y secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional.
El gobierno español ratificó en el 2014, recuerda Torres, el conocido como Convenio de Estambul, promovido por el Consejo de Europa, en el que se establece como «violencia de género también la ejercida fuera de la pareja, e incluso aquella que se ejerce con la intención de dominar o discriminar». Con todo, puntualiza la profesora, es cierto que se han dado algunos pasos en la buena senda.
«El Pacto de Estado contra la Violencia de Género alcanzado en el 2017 prevé ampliar este delito a los casos ocurridos fuera del ámbito relacional y tenemos también algunas sentencias que consideran que atacar a una mujer para robarle, por ejemplo, contiene un agravante por razón de género», agrega.
En el caso de las violaciones o los ataques sexuales, «son delitos que no son fáciles de denunciar para las víctimas, por eso es más necesario que haya una voluntad política, que permita actuar aunque no exista esa denuncia», reflexiona Torres, que lamenta que demasiadas veces las autoridades solo reaccionan cuando «hay una demanda social elevada».
Para muchos colectivos de mujeres, el caso de Diana Quer ha sido la gota que ha colmado el vaso: en las últimas horas se han organizado manifestaciones en distintas ciudades para exigir que este homicidio sea tratado como crimen machista.
