El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha dictado para el diputado autonómico Bartomeu Vicens, ex portavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) e imputado en un caso de corrupción urbanística, libertad provisional con una fianza de 100.000 euros.
El diputado autonómico tiene, a partir de las 13:00 horas de hoy, un plazo de 24 horas para entregar la fianza exigida. De lo contrario, se decretaría su ingreso en prisión, según especifica el auto del juez.
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB Antonio Capó ha comunicado este mediodía esa medida cautelar a Vicens, para quien la Fiscalía Anticorrupción pedía prisión eludible con una fianza de 800.000 euros.
Vicens, aforado y ex conseller del Territorio de Mallorca cuando se produjeron la mayoría de los hechos, está imputado de cinco delitos y podría enfrentarse a una pena que rondaría los 19 años de prisión: falsedad en documento mercantil (hasta 3 años), delito contra la Hacienda Pública (hasta 4 años), estafa (hasta 6 años -transitoriamente tráfico de influencias-), blanqueo de capitales (hasta 6 años) y cohecho.
El diputado ha llegado a la sede del Tribunal alrededor de las 11:50 horas, caminando acompañado de sus abogados, con los que se ha personado ante el magistrado del TSJIB.
Tras casi una hora de comparecencia ante el juez, Vicens ha firmado la notificación del auto por la que, en la parte dispositiva tercera, se acuerda para él libertad provisional con una fianza de 100.000 euros .
De no depositar mañana dicha fianza, el auto señala que Vicens "será reducido a prisión a disposición del Instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia" de Baleares.
Si el diputado deposita la fianza, Vicens deberá personarse en la Secretaria de la Sala todos los días 1 y 15 de cada mes, salvo que éstos coincidan con sábados o festivos, casos en los que tendrá que acudir al Juzgado de Guardia de la capital balear.
Asimismo, el ex portavoz parlamentario de UM deberá presentarse ante el juez o tribunal que conozca de la causa -el TSJIB, dada la condición de aforado de Vicens- "cuantas veces sea" requerido, "prohibiéndosele abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial".
Esta decisión responde a las advertencias hechas por la Fiscalía Anticorrupción que investiga la causa sobre el riesgo de fuga, al considerar ésta que el diputado cuenta con dinero suficiente como para iniciar una nueva vida fuera de las fronteras españolas.
A su salida del tribunal, preguntado por los periodistas acerca de si está satisfecho con la resolución del magistrado, Vicens ha declinado comentar la situación: "Yo no tengo que estar ni contento ni enfadado", se ha limitado a señalar.
Presuntamente, Vicens habría participado en una trama de corrupción en la gestación y explotación del polígono industrial de Son Oms, en Palma, mediante el cobro de más de un millón de euros por medio de la sociedad Matelumba cuando desempeñaba el cargo de conseller insular del Territorio entre los años 2003 y 2006.
Según la Fiscalía, Vicens usó su cargo para obtener el 15 por ciento en comisiones por las diferentes parcelas de Son Oms. En este caso está también imputada su mujer, Antonia Martorell, para quien el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma dictó el pasado 22 e octubre una fianza de 40.000 euros para eludir su ingreso en prisión.
