El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dilató ayer nuevamente el plazo máximo dentro del cual el Gobierno presentará a la opinión pública cómo pretende restringir la ley del aborto. Al principio de la legislatura, el exalcalde de Madrid se comprometió a que la reforma estaría lista en otoño pasado, después retrasó el plazo hasta finales de año y en plenas navidades anunció que la futura norma no estaría lista hasta esta primavera. Sin embargo, ayer reconoció que su ministerio ha dividido los proyectos legislativos que tiene en mente presentar, y el aborto está entre los que se "iniciarán en la primera parte de la legislatura", es decir, puso de forma sibilina un nuevo tope a la fecha de presentación: diciembre de este año, cuando la legislatura atravesará su ecuador.

En el trasfondo de este encadenamiento de aplazamientos está la división en el seno del Gobierno sobre el grado de dureza que se imprimirá al texto, de tal forma que aún quedan puntos fundamentales por decidir, tal como informó EL PERIODICO el pasado jueves. Hay miembros del Ejecutivo partidarios de situar España entre los países con legislaciones más restrictivas, en la línea de las exigencias de la Iglesia y los grupos antiabortistas, mientras que otros comparten que hay que acotar las posibilidades de interrumpir voluntariamente un embarazo, pero sin cerrar todas las puertas.

Este conflicto explica que la norma no haya salido aún del cajón y podría llevar a Ruiz-Gallardón a apurar el nuevo plazo de finales de año o incluso aplazarlo de nuevo. Este último escenario es poco probable porque las presiones de la Conferencia Episcopal y el ala dura del PP para que saque adelante la norma son muy fuertes. Fuentes de Justicia subrayan que el nuevo calendario establece un tope máximo, pero no uno mínimo, de forma que la reforma podría ver la luz en cualquier momento.

Como sucede con todas las decisiones conflictivas del Ejecutivo, la última palabra la tiene el presidente Rajoy, quien determinará si triunfan las opciones más laxas, las más duras o una mezcla de ambas, y el momento político más conveniente para comunicarlo. La Moncloa asume que la nueva norma recibirá críticas tanto por la derecha como por la izquierda.

LA POSTURA DEL MINISTRO Ruiz-Gallardón negó ayer, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que sea la Iglesia católica la institución que vaya a definir los criterios de la nueva norma, que según reiteró responderá en líneas generales a la exigencia del Tribunal Constitucional de que se respeten los derechos del no nacido. Según él, la actual ley de plazos (que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación) apostó por una "solución fáciL", esto es "desproteger al no nacido" cuando sus derechos entran en conflicto con los de la madre. "Tan dogmático es no defender los derechos de la mujer como no defender los derechos del concebido. Eso es lo que vamos a corregir", remarcó en respuesta a la senadora Mónica Almiñana.

La parlamentaria catalana, por su parte, lamentó que la reforma que planea el Ejecutivo del Partido Popular "coloque a las mujeres en la clandestinidad, si no tienen dinero, o en el extranjero, si lo tienen". Asimismo acusó al ministro de utilizar los derechos de las mujeres como "moneda de cambio para contentar a los sectores más reaccionarios de su partido y a la Conferencia Episcopal".