Los dos principales acusados por el caso de la agencia de valores AVA han llegado a un pacto con el Ministerio Fiscal y con los perjudicados para esquivar la celebración de juicio oral trece años después de la intervención de la compañía y evitar además su ingreso en prisión.
El acuerdo ha sido posible gracias a los 32 millones de euros que se han conseguido para reparar los daños sufridos por los más de 10.000 clientes de la agencia de valores (calculados en 84 millones de euros), aunque también se han tenido en cuenta a favor de los acusados las dilaciones indebidas que ha sufrido el procedimiento, que inició en 1998 la Audiencia Nacional.
En virtud del acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, el consejero delegado de AVA, Enrique Coronado, acepta la imposición de una pena de un año de prisión por un delito societario continuado, mientras que el presidente del grupo al que pertenecía la agencia, Rafael Salama, será condenado a seis meses de cárcel por un delito continuado contra el patrimonio.
La Fiscalía Anticorrupción destaca que Salama intervino para obtener 11 millones de euros para reparar a los afectados, que se suman a los 28 millones de dólares (unos 21 millones de euros) obtenidos como consecuencia de un acuerdo entre Ava y Socimer, el banco que se declaró insolvente y provocó la intervención de la agencia de valores.
El Ministerio Fiscal también ha tenido en cuenta como atenuante que la causa "ha estado paralizada durante largos períodos de su tramitación, por causas ajenas a la voluntad de los acusados, y en particular debido a la falta de colaboración" de autoridades extranjeras con el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Por todas estas razones, el fiscal Luis Rodríguez Sol considera que el acuerdo "es la mejor" solución posible, "como lo acredita la opinión unánime de los perjudicados", que "se consideran resarcidos".
Para el resto de imputados se ha solicitado el sobreseimiento libre, lo que se reflejará ahora en la correspondiente sentencia que deberá dictar la Audiencia Nacional.
El caso se remonta a 1998, cuando el Banco Socimer, domiciliado en Bahamas y en el que AVA depositaba sus valores, presentó suspensión de pagos, dando lugar a la intervención de la agencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La agencia había incrementado sustancialmente sus clientes desde 1996 gracias a una política comercial intensa apoyada en folletos publicitarios en los que se aconsejaban y ofrecían una serie de inversiones en valores de renta fija extranjeros de altas rentabilidades (entre el 9 % y el 11 %), muy por encima de lo ofrecido por la renta fija española.
