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La empresa de Florentino PÉREZ también irá a juicio

Dos directivos del ‘Castor’ se sentarán en el banquillo

El juzgado archiva las diligencias contra 10 funcionarios que firmaron los permisos. Los imputados siguieron inyectando gas pese a conocer el riesgo sísmico

 

Imagen de archivo de la plataforma marítima bajo la que se halla el almacén ‘Castor’. - ACN / JORDI MARSAL

Manuel Vilaseró
17/10/2019

Dos directivos de la adjudicataria del proyecto Castor, así como la propia empresa, Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS, de Florentino Pérez), serán procesados por delito ambiental al haber inyectado gas en el almacén submarino pese a ser conscientes «de la potencial peligrosidad sísmica que podía acarrear». Así lo acordó ayer el titular del Juzgado número 4 de Vinaroz, que al mismo tiempo archivó el procedimiento contra 10 funcionarios de diversos ministerios que habían intervenido en la concesión de los permisos.

El Gobierno ordenó la paralización de la inyección de gas en el 2013, tras los fuertes seísmos producidos, pero los dos directivos, Recaredo del Potro Gómez y José Luis Martínez Dalmau, conocían el problema desde antes, sostiene el juez. Concretamente, desde que el 5 de septiembre se produjo un aumento de la sismicidad de la que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

«En ese momento, siendo conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medioambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomándolas a las diez» de ese día, precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre –añade en la resolución– «a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores».

Esa situación desencadenó una «gran serie de sismos en la zona», hasta 519, que se prolongaron hasta el 4 de octubre y ocasionaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaroz y San Mateo, en la provincia de Castellón, y Amposta y San Carlos de la Rápita, en la de Tarragona, señala el auto.

situación de peligro / Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».

Es más, tal y como recoge el auto, «hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente».

La intención del Ministerio para la Transición Ecológica es convertir en definitivo el actual sellado provisional del almacén y proceder posteriormente a su desmantelamiento, según anunció su titular, Teresa Ribera, el pasado enero. Los funcionarios de su departamento y el resto de ministerios que firmaron los permisos se han visto exonerados al comprobar el juez que no fueron conscientes del riesgo que entrañaba el proyecto al no tener experiencia previa en estas tecnologías. Al contrario, el juez destaca que la Administración estableció un sistema de monitorización de la actividad sísmica que contribuyó a detectar el incremento, sin el cual las consecuencias «muy probablemente» habría sido «catastróficas».

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