Un tribunal chino dictó ayer dos condenas a muerte y tres cadenas perpetuas por el escándalo de la leche con melamina que el año pasado mató a seis niños y enfermó a más de 30.000. La justicia china en estos casos es ejemplarizante: dos años atrás ya ejecutó al máximo responsable nacional de los fármacos, sin que la medida haya acabado con las cíclicas crisis de seguridad. Pero ninguna es comparable a la de la leche con melamina: afectó a todo el sector lácteo nacional, sumió al país en un estado de psicosis, y llevó al sello made in China al barro.

Los condenados a muerte son Zhang Yujun y Geng Jinping, acusados de elaborar y vender 600 toneladas de polvo con melamina. Muchos de los 21 acusados ya juzgados son cargos de la multinacional Sanlu, ahora en bancarrota. Tian Wenhua, expresidenta de la firma y una de las figuras más oscuras de la trama, ha sido condenada a cadena perpetua. Otros directivos han recibido entre cinco y 15 años de pena. Aún esperan condena otros 39 acusados.

La sentencia fue leída ante el tribunal de Shijiazhuang, en la provincia de Hebei. Decenas de policías se esforzaron en controlar a los centenares de padres afectados, indignados porque Tian se librará del cadalso. La sensación de los afectados es que la justicia fue benévola con Tian, a pesar de que en China las cadenas perpetuas se suelen cumplir íntegras. La expresidenta y miembro del Partido Comunista admitió durante el juicio que sabía de la existencia de la melamina meses antes de que estallara el caso. Después repartió sobornos a afectados, periodistas y portales de internet para silenciarlo.

XALARMA MUNDIAL La crisis se desató tras detectarse melamina en la leche en polvo de Sanlu. Utilizada en la fabricación de plásticos, la melamina causa en los lactantes graves trastornos renales. Un análisis posterior encontró melamina en 22 de las 109 empresas lácteas del país, y las estanterías de los supermercados se vaciaron de un día para otro. La alarma se extendió al mundo y toneladas de productos chinos fueron retiradas.

Las compañías involucradas han propuesto la creación de un fondo de 124 millones de euros, que prevé compensaciones de 22.500 euros por cada niño fallecido, 3.400 euros por los enfermos más graves y 225 euros por los leves.