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INSTRUCCIÓN DEL ACCIDENTE DE TOTaLÁN

El dueño del solar donde murió Julen, imputado por homicidio

La jueza sostiene que Serrano dejó abierto el pozo donde cayó el niño

 

David Serrano. -

EL PERIÓDICO
04/07/2019

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, encargado de determinar las causas que rodearon la muerte de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero en Totalán, considera que el dueño del terreno pudo cometer un homicidio imprudente grave.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada ha dispuesto que las actuaciones sigan por el trámite de procedimiento abreviado contra el propietario de la finca, David Serrano, al existir indicios de criminalidad por haber dejador abierto el pozo en el que cayó el menor.

La jueza da además un plazo de 10 días para que las acusaciones personadas en el procedimiento soliciten la apertura de juicio oral y formulen los escritos de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa. Por otra parte, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca y la empresa perforadora del pozo en concepto de «presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera». Ambos casos comportan una sanción de entre 300.000 y un millón de euros. A laperforadora se le atribuye «la realización de sondeos o prospecciones sin la aprobación del proyecto correspondiente y sin director facultativo», y al propietario del terreno se le imputa desde el punto de vista administrativo por haber acometido los trabajos «sin dirección facultativa», es decir sin una persona responsable, además de por «la omisión de la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente», así como por «el abandono de los trabajos sin la preceptiva autorización y sin adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes». Hacienda espera ahora el pronunciamiento del juez para determinar si se aplica la resolución judicial con la calificación penal de los hechos en lugar de la sanción administrativa para evitar la duplicidad, que sería ilegal.

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