La zona de dominio público que ahora protege a los ríos se ampliará de cinco a 10 metros, con lo que las miles de construcciones situadas en esa nueva área quedarán en precario y los proyectos de instalaciones futuras, suspendidos. La modificación se introducirá en la reforma de la ley de aguas que promueve el Ministerio de Medio Ambiente y que el Gobierno tiene previsto aprobar durante el primer semestre del año.
"Este es un paso importante y de gran significación. Supondrá una ampliación del terreno de todos los españoles y nos dará a todos una mayor seguridad frente a las inundaciones", indicó Antonio Serrano, el número dos del Ministerio de Medio Ambiente, a la Cadena Ser.
La medida se aplicará en todo el territorio español y afecta a todas las cuencas, aunque su gestión esté transferida a las comunidades autónomas (la ley de aguas tiene carácter orgánico). Los únicos puntos que quedarán exentos serán aquellos en los que la configuración del terreno lo impida, precisó Serrano.
El principal objetivo de la reforma no es poner en situación difícil a núcleos urbanos antiguos o consolidados, sino luchar contra la "cada vez más preocupante ocupación de las cuencas de los ríos por urbanizaciones que acaban convirtiéndose en un riesgo para sus propios habitantes en el periodo de lluvias", explicaron fuentes ministeriales. Otro de los fines es elevar la protección de la riqueza ecológica de los cauces.
El deslinde de la zona de dominio público de los ríos es una de las grandes tareas pendientes que está abordando en esta legislatura el departamento dirigido por Cristina Narbona.
