La Audiencia de Barcelona ha asestado un duro golpe a una red de narcotraficantes búlgaros y españoles. Un tribunal ha condenado a 136 años de prisión y a pagar más de 146 millones de multa a 16 miembros de la banda, que actuaba en el barrio del Poble Sec de la capital catalana y almacenaba gran parte de la droga en dos chalets de Cádiz. Los magistrados, sin embargo, han tenido que absolver a dos imputados y han solicitado a la fiscalía o al Ministerio de Interior que abran una investigación contra un capitán y un teniente de la Guardia Civil de Algeciras que efectuaron una entrada y registro en una lujosa vivienda en la urbanización de Sotogrande de San Roque (Cádiz).

La sentencia detalla que la investigación policial comenzó a finales del 2003 ante la sospecha de que en la población de Arenys de Mar (Maresme) y en el Poble Sec se producían suministros de cocaína. Los dispositivos de vigilancia propiciaron las primeras detenciones en el barrio barcelonés, y estirando del hilo, con entradas y registros en viviendas de Barcelona, se llegó a desarticular a una organización con tentáculos en el sur del país.

El tribunal detalla que en la banda se distinguen dos grupos distintos. Uno de ellos, formado por varones de nacionalidad búlgara, se bifurcaba a su vez en dos ramas, una ubicada en la capital catalana y otra en Cádiz. Era una "estructura piramidal y jerarquizada, encaminada a la venta y distribución de droga", en la que cada persona tenía asignado un papel adjudicado por su jefe. Este resultó ser Ivailo A., --condenado a más de 13 años de prisión--, quien, según los investigadores, era el cabecilla del llamado "grupo búlgaro".

La otra facción estaba compuesta por individuos que en cualquier momento podían ser sustituidos y que se dedicaban a vender la cocaína. Dos españoles actuaban como transportistas de la droga entre Manilva (Málaga) y Barcelona. Las remesas eran de 80 o 90 kilos de cocaína.