La catástrofe ecológica que asoló la costa atlántica francesa en 1999 tras el naufragio del petrolero Erika ha merecido la máxima pena permitida por la ley. Tras siete años de proceso, la sentencia emitida ayer por el Tribunal Correccional de París no solo condena al armador y a la empresa gestora, sino también al grupo petrolero que contrató sus servicios: Total. Esta empresa ha sido juzgada culpable de una "falta de imprudencia", por lo que deberá pagar 350.000 euros de multa.
El tribunal considera que Total estaba al corriente de la antigüedad del navío y de "la discontinuidad" de su mantenimiento. A su juicio, esta negligencia "jugó un papel causal en el naufragio y, como tal, causó el accidente". El organismo controlador Rina, que otorgó al Erika la autorización para navegar pese a los informes negativos, también ha sido condenado por el tribunal a la pena más elevada: 375.000 euros.
El armador y la empresa deberán abonar multas de 75.000 euros. El tribunal estima no podían ignorar que la reparación fuera realizada para "reducir costes". Los 11 implicados restantes, entre los que se cuenta el capitán del Erika , han sido absueltos.
