La reacción de los colectivos ecologistas, muy molestos con la decisión sobre la central nuclear de Garoña, osciló ayer desde la satisfacción --de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometa a acabar con el debate estéril sobre cuál es la vida útil de una nuclear-- hasta la desconfianza --de que esto signifique realmente un calendario de cierre atómico, especialmente si el ministro de Industria, Miguel Sebastián, es el que tiene que desarrollarlo--.

Así, Greenpeace aplaudió las promesas del presidente del Gobierno, aunque consideró que, para que se pongan en marcha es necesario que la política energética "cambie de manos", según señaló Carlos Bravo, uno de los portavoces de la organización ecologista en España. "Nos tememos que Sebastián torpedee una vez más las intenciones de Zapatero", señaló Bravo a este diario.

VOTO DE CONFIANZA Aun así, el ecologista dio un voto de confianza a la propuesta de fijar por ley el periodo máximo de operatividad de una central nuclear, y se mostró convencido de que es suficiente con que la legislación refleje que la vida útil termina una vez trascurrido un determinado número de años, para que el Ejecutivo esté obligado a clausurar la central que llegue a esa edad. Eso sí, discrepó con que el tope sea 40 años. Para él, 30 es lo máximo.

CRITICAS Ecologistas en Acción, que también apoya este tope de vida de las centrales nucleares, se mostró más desconfiado con la propuesta del presidente del Gobierno. "Zapatero ha tenido una oportunidad de oro con la central nuclear de Garoña y no la ha cerrado, no sé por qué ahora le vamos a creer", aseguró Francisco Castejón, portavoz de campañas antinucleares de la organización ecologista.