Más de un año llevan atascadas las universidades españolas en la discusión sobre cómo se ha de desplegar (si es que hay que desplegarlo) el decreto de reforma de la estructura de las titulaciones de grado y de máster, el popularmente conocido como decreto del 3+2. Por eso, porque las comisiones monográficas creadas para decidir qué carreras serán de tres años y cuáles seguirán siendo de cuatro discuten infructuosamente desde hace meses, el Ministerio de Educación se dispone a publicar una orden para clarificar, o “adecuar” -precisan fuentes ministeriales-, cómo será el futuro mapa de titulaciones universitarias en España.

Las universidades españolas, agrupadas en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), temen que la situación sea "caótica" en los campus, cuando finalice la moratoria de implantación del decreto acordada el pasado marzo. Según ese pacto solo podrán ser carreras de tres años los grados de nueva creación que no tienen ninguna semejanza con los ya existentes o aquellos que se impartan en lengua inglesa. La universidad que incumpla estos requisitos se expone a ser expulsada de la CRUE.

El organismo, que en julio pasado apoyó la creación de una comisión mixta formada por cinco rectores y altos cargos del ministerio para intentar pactar un acuerdo de mínimos sobre el 3+2, defiende que sean los mismos criterios de la moratoria los que se apliquen de forma generalizada a los grados de tres años: que sean titulaciones creadas en los últimos años o completamente novedosas, es decir, carreras pensadas para formar a profesionales destinados a ocupar nichos de mercado que necesiten una rápida formación. Sería, por lo tanto, una minoría, según adelantó hace dos semanas el presidente de la CRUE, Segundo Píriz, tras una asamblea general de la entidad celebrada en Santiago.