Por primera vez en un cuarto de siglo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a pronunciarse ayer sobre uno de los asuntos que más dudas constitucionales plantean en el país: la discriminación positiva por cuestión de raza. Salomónicamente, los magistrados dictaron dos sentencias independientes. En una, que va en contra de la voluntad de la Administración de George Bush, decidieron que la raza siga siendo un factor que ayude a los estudiantes de minorías a acceder a centros educativos públicos. En la otra impidieron que la raza tenga determinado peso específico en los sistemas de puntuación con los que se evalúa a los candidatos a una plaza.
La primera sentencia responde al caso planteado contra la Universidad de Michigan por Barbara Grutter, una empresaria blanca que en 1997 quedó fuera de la facultad de Derecho. En el dictamen se asegura que no es inconstitucional el intento del centro de mantener un cuerpo estudiantil diverso. "La participación efectiva de miembros de todos los grupos étnicos y raciales en la vida civil de nuestra nación es esencial si queremos cumplir el sueño de una nación, indivisible", escribió la juez Sandra Day O´Connor, que la redactó con cinco votos a favor y cuatro en contra.
SISTEMA DE PUNTOS
La otra sentencia --seis votos a favor y tres en contra-- responde a un caso que afecta a la misma universidad. La demanda la planteó Jeniffer Gratz, una destacada estudiante blanca de Detroit que también quedó fuera del campus de Michigan cuando intentó acceder a un programa de licenciatura tras acabar el instituto.
En su caso el Supremo ha decidido que la universidad no pueda seguir utilizando el sistema de puntos que regía su política de admisiones, en el que pertenecer a una minoría daba 20 de los puntos del total de 150 necesarios. En el fallo se reconoce que ese sistema viola la cláusula de protección de la igualdad recogida en la enmienda 14 de la Constitución. Otros factores, como ser hijo de un antiguo alumno o méritos deportivos, también influyen en la puntuación.
Las dos decisiones afectan sólo a las universidades y centros de enseñanza financiados públicamente, pero pocos dudan de que sus efectos se dejarán sentir en otros organismos y negocios públicos y privados e incluso en las políticas gubernamentales.
