Los usuarios de servicios de telecomunicaciones (teléfono fijo, móvil, acceso a internet y ADSL) o similares (agua, luz) podrán darse de baja con la misma facilidad con que se dan de alta. Así lo dice el anteproyecto que modificará la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, acordado ayer en la Conferencia Sectorial de Consumo.
Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, la reforma será aprobada en Consejo de Ministros en septiembre y cumplirá uno de los compromisos incluidos en el programa electoral del PSOE.
La medida pondrá fin a la dificultad de darse de baja en cualquier servicio ante las trabas kafkianas que oponen las compañías para no perder al cliente. Según el ministerio, los servicios de telecomunicaciones han pasado a generar el mayor número de quejas y el mareo al cliente que quiere rescindir su contrato es "muy frecuente".
La reforma establece que el usuario podrá rescindir su contrato en cualquier momento, con una simple comunicación por el mismo procedimiento que el usado para contratar. El operador no podrá seguir facturando el servicio aunque no lo haya interrumpido, ni mandar ningún cargo al banco. Así trata de evitarse otra de las plagas que sufre el abonado: su inscripción en registros de morosos por parte de compañías de las que ha decidido darse de baja y devuelve los recibos.
El anteproyecto considera práctica sancionable la obstaculización del derecho del consumidor a desvincularse de estos contratos y tipifica como cláusula abusiva incluir en el contrato la renuncia del consumidor a darse de baja o prever requisitos desproporcionados o injustificados.
