Estos días nos encontramos ante un nuevo escenario, desconocido hasta ahora en España. Desde hace aproximadamente una semana, vivimos inmersos en una crisis sanitaria provocada por la llegada del Covid-19. Esta pandemia global, como ya la ha denominado la Organización Mundial de la Salud, sin duda va a cambiar la manera en la que entendemos la educación de los niños y niñas, nuestra forma de relacionarnos como sociedad, nuestro modo de trabajar y, especialmente, la situación económica dentro y fuera de nuestras fronteras.

La emergencia del coronavirus, como todas ellas, afecta de manera especial a la población más vulnerable, a aquellas personas que tienen menos recursos. En Save the Children hemos detectado dos perfiles especialmente en riesgo: las familias monoparentales, mayoritariamente formadas por madres solas con hijos e hijas a cargo, y los llamados trabajadores pobres, familias que pese a tener uno o varios empleos no son capaces de salir de la situación de pobreza en la que viven.

Desde el inicio de esta crisis nos hemos puesto en contacto con las diferentes administraciones públicas para ofrecerles nuestro apoyo, nuestra experiencia en emergencias y para pedirles que prioricen a los colectivos más desfavorecidos en sus planes de choque con provisión de fondos para ayudar a las familias más vulnerables y medidas que garanticen la mayor cobertura posible de sus necesidades. Solo así se podrán paliar los efectos que el coronavirus puede tener en sus vidas.

El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. La moratoria en las hipotecas es una medida positiva, especialmente en los hogares con los ingresos más limitados; sin embargo, no abarca el pago de los alquileres por parte de las familias más vulnerables. Hay que recordar que un 18% de los hogares en España tienen vivienda en régimen de alquiler, un porcentaje que sube hasta en 22% en el caso de familias monoparentales, uno de los colectivos en riesgo. Sería interesante poder emular a Francia en este sentido y ampliar la moratoria al pago de alquileres.

La norma aprobada ayer también incluye la garantía de suministro de servicios de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones para las familias más vulnerables. Valoramos positivamente esta medida, ya que el retraso en el pago de las facturas es uno de los rasgos comunes de las familias con hijos e hijas a cargo en riesgo de exclusión que hemos analizado. Sabemos que 1 de cada 3 madres solas en situación de pobreza tiene actualmente retrasos en el pago de las facturas, por lo que esta medida ayudará a afrontar a estas familias una situación ya de por sí complicada.

También es positivo que el Real Decreto-ley hable de conciliación y del fomento del teletrabajo, pero hay que tener en cuenta que esta crisis sanitaria va a afectar especialmente a ámbitos profesionales y sectores fuertemente feminizados, por lo que existe riesgo de un repunte en el desempleo, especialmente femenino. Esta crisis también va a significar una carga para los cuidados domésticos, asumido en mayor medida por las mujeres por los roles de género impuestos. Hasta la fecha, casi la mitad de las mujeres en España abandonaban el mercado de trabajo por responsabilidades familiares o por el cuidado de hijos o adultos, mientras que, en el caso de los varones, solo el 5% deja el empleo por estas causas. A partir de ahora, el aumento en el desempleo muy probablemente va a significar un aumento en este desequilibrio.

La normativa aprobada ayer tampoco incluye medidas para proteger a las muchas familias que dependen de sectores laborales informales y de la economía sumergida. Es importante recalcar que la economía sumergida tiene un peso importante en España, representando entre el 20% y el 25% del PIB, por lo que prevemos que un número no menor de personas quede sin protección en esta crisis.

En esta crisis tampoco nos podemos olvidar de las personas y familias cuya situación administrativa es irregular o está pendiente de resolución, como es el caso de las personas solicitantes de asilo o personas migrantes en acogida humanitaria. En el Real Decreto-ley no aparecen medidas específicas dirigidas a este colectivo, para paliar su vulnerabilidad social y laboral que durante esta crisis sanitaria se verán aún más agudizadas. Además, las prestaciones que actualmente reciben dependen de conceptos específicos que en estos momentos deberían de ser flexibilizados: por eso es urgente incluir ayudas no contributivas de emergencia social para familias que no puedan acogerse a medidas de carácter laboral y para jóvenes ex tutelados que al cumplimiento de la mayoría de edad no cuentan con entradas para su emancipación.

Nuestra experiencia nos dice que las medidas necesarias de contención y aislamiento pueden llegar a tener consecuencias sociales no deseadas, especialmente dañinas a corto, medio y largo plazo para las familias que viven en la pobreza, a quienes afectará esta crisis de manera más intensa y extensa en el tiempo. Sabemos que en situaciones de crisis la violencia dentro de los hogares y los divorcios aumentan. Somos conscientes de que muchos niños y niñas van a estar largos periodos de tiempo solos en casa porque sus padres y madres tienen que ir a trabajar, sin apoyo educativo de ningún tipo, sin una alimentación adecuada y con un profundo desconcierto por la situación que están viviendo. Por eso, nuestro trabajo desde el comienzo de esta crisis se ha centrado en adaptar nuestros programas y apoyar a estas familias y a la infancia más vulnerable.

Save the Children nació a raíz de una emergencia, tras la Primera Guerra Mundial, y desde entonces llevamos 100 años apoyando a la infancia que más lo ha necesitado en todo el mundo. En nuestro ADN como organización está trabajar para llegar hasta el último niño y niña y luchar para que nadie se quede atrás. Ahora la emergencia está aquí, como crisis sanitaria, y vamos a hacer todo lo posible para que no se convierta en una emergencia social.