La Comisión Europea propuso ayer a los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) una directiva que sancione con elevadas multas, e incluso cárcel, a los empresarios que contraten a inmigrantes sin papeles, para intentar frenar la creciente avalancha de irregulares en Europa que huyen de la miseria de sus países. El régimen sancionador prevé que las personas que den empleo a sin papeles corran con los gastos de repatriación del inmigrante irregular.

El número de sin papeles que ya vive dentro de la UE se sitúa entre 4,5 y 8 millones, según las últimas estimaciones del Ejecutivo comunitario. Y cada año consiguen entrar en la UE entre 350.000 y 500.000 irregulares, según las mismas estimaciones. "La posibilidad de encontrar empleo ilegal es la principal fuerza que empuja la inmigración ilegal. Por ello, la UE debe actuar conjuntamente para acabar con este efecto llamada", afirmó el comisario de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, al presentar el proyecto.

Como medida preventiva, al emplear a un trabajador extracomunitario, los empresarios estarán obligados a verificar que tiene en regla el permiso de residencia y las demás autorizaciones necesarias. Asimismo, deberán notificar a las autoridades estas contrataciones.

SUBVENCIONES Y CONTRATOS Los empresarios que no cumplan estos requisitos podrán ser sancionados con multas, que podrán incluir el coste de repatriación al país de origen del inmigrante irregular. Además deberán pagar los salarios establecidos en convenio, los impuestos y las cotizaciones sociales de esos empleados, y podrán perder el derecho a recibir subvenciones y a participar en contratos públicos.

Dada la proliferación de personas sin papeles en las subcontrataciones en la construcción, la directiva propone que las empresas que subcontraten serán responsables subsidiarios de las irregularidades cometidas a lo largo de la cadena de subcontratación de todo el proyecto.

Las sanciones económicas se aplicarán no solo a empresarios, sino también a las personas individuales que contraten a personas en situación irregular para el trabajo doméstico, la agricultura u otras actividades, según la propuesta.