Los empresarios madrileños pedirán el embargo preventivo de los bienes de los controladores aéreos por los daños causados por la huelga del puente de diciembre.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha explicado hoy en rueda de prensa que estas organizaciones han contratado al bufete Cremades & Calvo Sotelo para que emprendan las acciones legales pertinentes contra los controladores.
Javier Cremades, letrado de este despacho, ha señalado que, en su caso, cada empresario deberá interponer una reclamación individual contra este colectivo para reclamar el lucro cesante de su empresa a causa de la huelga.
Esta iniciativa legal "va de momento exclusivamente contra los controladores aéreos y no contra AENA", matizó Arturo Fernández.
"A partir de ahora todos los empresarios -hoteleros o de otro sector- tendrán que indicar sus pérdidas para que nosotros se las traslademos a nuestros abogados", ha explicado el presidente de CEIM.
ACUSACIÓN PARTICULAR
"Vamos a aconsejar sumarse como acusación particular a las diligencias abiertas ya en los juzgados de Madrid y, concretamente, en el Juzgado de Instrucción Número 3", ha dicho Cremades.
Las pérdidas ocasionadas por la huelga son de 20 millones de euros, según la estimación de las patronales, pero "son estimaciones que se concretarán en las reclamaciones individuales", según el letrado.
El letrado ha señalado que hay empresas que ya están evaluando ese daño, pero ha añadido que "hay que concretarlo, explicar cuál es el lucro cesante y probarlo. Hay que explicar cuál era la facturación anterior, cuál era la previsible y probar que ese daño se debe al hecho cierto del cierre del espacio aéreo".
RESPONSABILIDAD CIVIL
Concretamente "se va a estudiar la posibilidad de pedir -cuando finalmente esté claro el procedimiento y cuáles son los cargos que presenta la Fiscalía-, el embargo preventivo para asegurar que en el caso de que hubiera responsabilidad civil, los controladores no pudieran evitarla o evadirla al haber ocultado su patrimonio", según Cremades.
La solicitud de embargo "es una posibilidad jurídica que ya se ha planteado por la Fiscalía General del Estado y la Agrupación de Demandantes, y la CEIM tendrá que estudiar en su caso o no el también sumarse a esa petición", ha apuntado el letrado.
CEIM "ha hecho clara su apuesta institucional de que sean los que a los ojos de todos han causado el daño, que es el colectivo profesional de los controladores aéreos", ha asegurado Cremades, quien ha agregado que "evidentemente cada empresa particular tiene diferentes vías y fórmulas".
También ha explicado que "la acción civil se puede suscitar dentro de un proceso penal, ex profeso en la jurisdicción civil o también a través de una reclamación directa contra AENA por responsabilidad extracontractual".
DOS VÍAS DISTINTAS
Sin embargo, "eso no es la vía de CEIM, esa será la vía individual de cada compañía que tendrá que decidir por qué vía opta".
"CEIM lo que nos ha encargado es el estudio de las posibilidades de reclamar contra los controladores aéreos".
Respecto a contra qué controladores iría la demanda, Cremades ha indicado que "tanto la Fiscalía como la Agrupación de Demandantes lo que hasta la fecha han dicho ha sido que son los responsables quienes abandonaron sus puestos de trabajo" y advirtió de que "esa es una diligencia que corresponderá incoar a la fiscalía a través del proceso penal correspondiente".
"Es imposible para un tercero conocer materialmente los datos personales de aquellos que fueron los que abandonaron los puestos de trabajo, pero sí hay posibilidad en derecho de pedir que se identifique a los responsables", ha argumentado el letrado.
