La conflictividad por el proyecto del Gobierno para acabar con el tabaquismo pasivo en el trabajo está servida. Empresarios y sindicatos consideran que el plan, que vetará totalmente el tabaco en las empresas en el 2007, será un fracaso si no se lleva a cabo una negociación, se alcanza un consenso e impera la tolerancia entre fumadores y no fumadores. Piden una financiación para afrontar los costes de la creación de salas especiales y la nueva organización del trabajo con tiempos para fumar.
"En España hay un millón de empresas y 17 millones de trabajadores. El 47,3% fuma. No se puede pasar a cero en 4 años, de la noche a la mañana. Es utópico", advierte José Valdés, responsable de drogodependencias de CCOO.
Valdés relata dos conflictos en los que media el sindicato como "ejemplo de los que vendrán, si no se busca la convivencia pacífica y negociada". Una empresa madrileña, con un centenar de trabajadores, ha aprovechado el cambio de edificio para anunciar que desde el día 22 nadie podrá fumar. En una nave de Móstoles una embarazada exige, de acuerdo con la ley, que nadie fume. No admite cambiarse de lugar o que se pueda fumar a más de 50 metros.
"Con actitudes dictatoriales como éstas, si no se cuenta con la mediación de los delegados en prevención para la salud, los conflictos estarán a la orden del día", agrega.
DOBLE PROBLEMA
Para José Hallado, director de relaciones laborales de Pimecsefes, patronal catalana de las pymes , la futura norma plantea un doble problema, con repercusiones en la actividad productiva. "¿Quién paga los espacios acotados? ¿Y los tiempos que habrá que destinar para fumar en trabajos en cadena?", se pregunta.
La CEOE lamenta, junto a CCOO y UGT, que el Ministerio de Sanidad no haya abierto todavía un marco de debate con ellos. "No se va a hacer nada sin contar con empresarios y sindicatos. En las próximas semanas nos reuniremos con ellos. No tenemos intención de polemizar", anunció el director general de Salud Pública, José María Martín Moreno.
