La ley de igualdad, que hoy debatirá el Consejo de Ministros, premiará a las sociedades anónimas que incorporen mujeres en sus consejos de administración. Entre otros incentivos, se incluirá la preferencia a la hora de recibir contratos para las empresas públicas.
El fomento de la presencia femenina en los órganos de dirección de las compañías --un compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero-- ya está reflejado en las recomendaciones realizadas en enero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El documento no sentó precisamente bien en las compañías que cotizan en bolsa, donde sólo hay un 4% de consejeras.
Finalmente, el Gobierno no ha optado por obligar a las sociedades a crear consejos paritarios sino por concederles incentivos. "No es una ley de imposiciones sino de conciliación", destacaron ayer fuentes del Ejecutivo.
La norma tampoco incluirá la obligación de tener listas electorales paritarias, como reclaman las asociaciones feministas. Para que algo así se pudiera hacer, sería necesario cambiar una normativa de mayor rango, la ley orgánica del régimen electoral. La ley de igualdad se limitará a "incluir un firme compromiso para promover" el cambio.
EN AUTONOMIAS Cuatro regiones --Baleares, Castilla-La Mancha (ambas en el 2003), Andalucía y Euskadi (en el 2005)--han aprobado la paridad en las listas electorales autonómicas, decisión recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
Para examinar todas las políticas encaminadas a erradicar la desigualdad entre sexos, la ley permitirá crear el Consejo Nacional de Participación. Este será "una especie de órgano consultivo" del Gobierno en el que estarán representadas las asociaciones de mujeres, los expertos en igualdad y la Administración.
A pesar de que el espíritu de la norma es "conciliador", el texto contempla sanciones. A partir de ahora, si una empresa no elabora o no aplica el plan de igualdad al que está obligada se considerará falta muy grave y podrá acarrear una multa de hasta 90.000 euros.
Lo mismo sucederá con el "acoso relacionado con el sexo" y con otras discriminaciones sexistas. Los empresarios que cometan infracciones muy graves perderán las ayudas y las bonificaciones públicas.
