Colectivos de inmigrantes, expertos y asociaciones de defensa de los derechos laborales de los extranjeros ven bien la decisión del Gobierno de facilitar que el inmigrante que vuelva a su país no pierda la antigüedad adquirida en su proceso de regularización en España. Pero añaden a su opinión altas dosis de escepticismo: dudan de que el efecto de la medida sea un retorno masivo y quieren conocer la letra pequeña del reglamento.
El mantenimiento de la antigüedad legal del inmigrante, planteado por algunas de estas asociaciones desde hace meses, puede servir, según Javier Bonomi, de la federación de entidades latinas Fedelatina, para que "mucha gente que está esperando obtener la nacionalidad, por ejemplo, pierda el miedo y la angustia" a la hora de decidir regresar a su país. Bonomi, sin embargo, reclama que las condiciones para que este ciudadano vuelva de nuevo a España en el futuro no se endurezcan. El representante de Fedelatina conoce casos de inmigrantes que, pese a vivir en una situación de precariedad aquí, mantiene su proyecto migratorio para evitar perder los permisos de residencia, que cuesta años obtener.
En todo caso, los representantes de los inmigrantes están convencidos de que la decisión gubernamental "no va a tener el efecto de regresos masivos" a los países de origen de los extranjeros.
