Menos de una semana después del accidente de tren de Santiago, Fomento redujo sensiblemente las velocidades máximas, cambió la señalización e instaló un sistema de frenado automático más avanzado en el tramo del siniestro. Luego, el 9 de agosto, la ministra de Fomento, Ana Pastor, avanzó en su comparecencia en el Congreso hasta una veintena de medidas de calado para mejorar la seguridad ferroviaria. Por último, el auto del martes del juez instructor del caso, Luis Aláez, convencido de que unos mecanismos preventivos "adecuados" habrían neutralizado el error del maquinista, dio la puntilla a la teoría oficial del fallo humano como único motivo del accidente en el que el 24 de julio murieron 79 viajeros en la curva de A Grandeira. El vuelco afecta de lleno al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), al que Aláez imputa por un posible delito de imprudencia y solicita abundante información.
"Estamos preparando el requerimiento, con mucha gente, para que esté listo en un plazo muy corto", aseguraron ayer fuentes del organismo responsable de la seguridad ferroviaria en España. "Será pronto", añadieron sin precisar fecha.
El juez no se ha andado por las ramas y ha pedido a Adif que le aporte todos los informes sobre el trazado y las incidencias registradas, así como los estudios técnicos de velocidades autorizadas y los protocolos de seguridad, ya que sostiene que la empresa pública estaba obligada a implantar medidas tanto preventivas como activas capaces de contrarrestar un "previsible" error humano en un tramo "sumamente comprometido". Cosa que, según la instrucción judicial, no hizo.
"ASI LO HARAN" También ha pedido el magistrado a Adif que le comunique con nombres y apellidos los responsables de la seguridad del tramo entre Ourense y Santiago el día del accidente. A continuación les citará a declarar como imputados por un delito que aún no ha concretado, pero que vincula a "una imprudencia grave" con resultado de 79 muertes. Asimismo, Aláez quiere saber quiénes integran el "órgano responsable en materia de seguridad", con indicación expresa de "las capacidades o facultades de cada uno de ellos en la toma de decisiones".
La ministra de Fomento indicó ayer que son los servicios jurídicos de Adif los que tienen que remitir la información al juez. "Y así lo harán", aseguró. No hizo más declaraciones sobre un auto que parece haber descolocado a Fomento.
SATISFACCION La Asociación Profesional de Maquinistas de Tren, por su parte, respaldó la actuación del juez y reclamó el "cese inmediato" de los presidentes de Renfe y Adif, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, por "faltar a la verdad" sobre el accidente durante sus comparecencias en el Congreso.
En opinión de este colectivo, el maquinista del tren, Francisco José Garzón, es "una víctima más" y el descarrilamiento se habría evitado si hubiera estado en funcionamiento en el tramo un sistema de frenado automático más avanzado que el ASFA. Su presidente, Miguel Rivera, aseguró que Ferre y Gómez-Pomar también mienten al negar que el siniestro tuviera lugar en una vía de alta velocidad.
El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviairos( SEMAT) también celebró que el juez busque "todas las causas" y "todas las partes de reponsabilidad del accidente".
La ministra aseguró en el Congreso que se está examinado "palmo a palmo" la red ferroviaria y que aplicará una batería de medidas para garantizar la seguridad sin esperar a las conclusiones de la auditoría. Entre estas destacan mejoras de la señalización, la revisión de las velocidades y la promoción del sistema ASFA Digital, superior al ASFA porque el frenado automático se acciona al rebasar el tren la velocidad máxima.
