La próxima primavera, lo más seguro en abril, se sabrá en qué municipio se construye el Almacén Temporal Centralizado o ATC, la instalación dedicada a albergar en las próximas décadas los residuos que generan las centrales nucleares españolas. Tras tres años de tanteos, el Ministerio de Industria dio el miércoles el visto bueno para la convocatoria del concurso que decidirá el destino de la instalación. La próxima saturación de las piscinas donde se almacena el combustible de las centrales ha llevado a diversos países europeos a seguir los mismos pasos que España.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega comentó el miércoles, tras la reunión del Consejo de Ministros, que un centenar de municipios se han "interesado" por el proyecto, pero lo cierto es que los candidatos con interés y posibilidades son muchos menos. Aunque no hay nada oficial, se han citado Vandellòs y Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Merindad de Cuesta-Urría (Burgos). Los requisitos no se conocen, pero dos que parecen lógicos son la cercanía a una central nuclear y a una vía de tren. También deberá tener un escaso riesgo sísmico y no ser zona inundable.
300 EMPLEOS Según el Gobierno, el proyecto servirá para "impulsar la zona del emplazamiento", con una previsión de al menos 300 empleos directos, y para generar inversiones tecnológicas" gracias a la construcción de un centro científico asociado. La primera fase del almacén podrá inaugurarse en cinco años.
El ATC, con un coste estimado de 700 millones de euros, tiene capacidad para guardar durante al menos seis décadas 2.700 toneladas de residuos de alta intensidad procedentes de las centrales en funcionamiento y en desmantelamiento. Se ha optado por un único lugar de este tipo --temporal y en superficie-- porque permitirá centralizar los residuos de forma "segura y económica", dijo De la Vega.
El Consejo de Ministros propuso también el miércoles un conjunto de modificaciones en la ley del sector. Por ejemplo, se establecen nuevas definiciones sobre seguridad nuclear, se fija en 40 años el periodo de funcionamiento "ordinario" de las instalaciones y se establece la titularidad única de las autorizaciones de explotación. En la práctica, lo esencial es que las nucleares españolas seguirán funcionando como en la actualidad hasta que cumplan 40 años, es decir, cada década deberán solicitar un permiso al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para prorrogar su actividad. Sin embargo, el Gobierno establece que a partir de entonces se podrá extender la vida de manera "extraordinaria", lo que equivale presuntamente a unos controles mayores. De acuerdo con las características del parque nuclear español, todas las centrales salvo Garoña, con su clausura prevista en el 2013, estarán sujetas a una renovación ordinaria más, al menos.
El Gobierno también eleva la cifra a cubrir por los titulares de las instalaciones en caso de accidente de los 150 millones de euros a los 1.200 millones. Y amplía el concepto de daño nuclear por daños medioambientales.
