El nuevo vertido de fuel del New Flame que el fin de semana llegó a las playas de Algeciras ha acabado con la paciencia del Gobierno español. El Ministerio de Exteriores amenazó ayer con tomar acciones legales contra Reino Unido y la empresa de salvamento marítimo que ejecutó el hundimiento del chatarrero por lo mal que han gestionado la crisis. El buque está encallado en aguas de Gibraltar desde agosto.
Después de varias quejas informales durante estos meses, el Ejecutivo convocó ayer a la embajadora del Reino Unido en Madrid, Denise Holt, para mostrarle oficialmente su malestar. En una reunión que duró más de una hora y media, el director general de Política Exterior para Europa y América del Norte, José Pons, presentó formalmente su queja y pidió que el Reino Unido "se implique" en las operaciones de remoción del buque, además de que haga todo lo posible para "mejorar la comunicación con las autoridades marítimas españolas".
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, criticó la "falta de diligencia" de las autoridades de La Roca, que, según recordó, han rechazado los numerosos ofrecimientos de colaboración por parte del Gobierno autonómico y nacional.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió en que se deben exigir responsabilidades a Gibraltar, dado que el barco se encuentra en aguas bajo su gestión, y que es el Peñón el que debe investigar el potencial contaminante de la carga --que, según han explicado a las autoridades españolas, no es "peligrosa"-- e impedir que se acumule en el fondo.
Chaves anunció que el Consejo de Gobierno de hoy aprobará la personación de la Administración andaluza ante la UE para denunciar la actitud de las autoridades gibraltareñas, por no haberse realizado las labores de reflotación para sacar el buque a tiempo, lo que ha perjudicado a los vecinos de la comarca. Asimismo, iniciarán acciones judiciales contra el armador y la aseguradora del New Flame para exigir responsabilidad civil.
