Una nueva norma con rango de ley, que se encuentra en fase de discusión en el Congreso, reconocerá a los españoles en el exterior los mismos derechos que los que viven en el país. Este año, el Gobierno prevé destinar 155 millones en ayudas sociales, de los cuales 136 se destinarán a servicios sanitarios, para aplicar el estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.

Con la nueva norma, que previsiblemente será apoyada por la mayoría de los grupos, los emigrantes tendrán derecho a recibir los mismos servicios de calidad que se ofrecen en España, en especial los de salud y educación.

Para ello, el Gobierno tendrá que realizar importantes inversiones en los países latinoamericanos, donde residen el 40% de los emigrantes españoles, que deben pagar costosos seguros y mutuas privadas para tener acceso a tratamientos de salud de calidad.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado para la Inmigración y Emigración, dijo a este diario que el estatuto "es un acto de justicia con los que se fueron en la dictadura y contribuyeron con el desarrollo de España".