Un día después de la conmoción causada por el incendio de Notre Dame, el Ministerio de Cultura y Deporte convocó ayer un Consejo de Patrimonio Histórico extraordinario para abordar los Planes de Salvaguarda de Bienes Culturales.

¿Están suficientemente protegidos los monumentos y edificios más representativos de España? El terremoto de Lorca en el 2011 fue el detonante para que comenzaran a activarse las alarmas. Y es que los riesgos son múltiples. En esa ocasión, fue un desastre natural, pero también pueden deberse a causas antrópicas, es decir, de origen humano.

Lo primero que se puso en marcha fueron los Planes de Conservación Preventiva que abarcan la detección de riesgos y que se llevaron al Consejo de Patrimonio durante ese año 2011: revisión de las instalaciones, alarmas frente a robos, precauciones ante las obras, algo que preocuparía en estos momentos en aquellos edificios como la Catedral de Santiago de Compostela o la Sagrada Família de Barcelona que se encuentran inmersos en procesos de restauración o construcción.

Los responsables del templo de Gaudí aseguraron ayer que la basilica «dispone de un plan de autoprotección de acuedo con la normativa vigente», si bien admitieron que «el riesgo cero no existe». Se trata, añadieron de un plan «aprobado por Protección Civil con el informe favorable de Bomberos de Barcelona».

«Normalmente estas líneas se resolvían a través de las propias Administraciones de Bienes Culturales, pero se detectó la necesidad de extenderlas a otras administraciones y ministerios que tuvieran competencia en la materia», cuenta Román Fernández-Baca Casares, director general de Bellas Artes y Patrimonio. «Así, en el 2014 se llevó a cabo la aprobación del Plan de Emergencia y Detección de Riesgos del Patrimonio Cultural, con la participación de las comunidades y un conjunto de agentes que abarca Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos, Policía o Guardia Civil».

Este conjunto de planes fue redactado y se encuentra en fase de implantación. Pero cada comunidad tiene sus competencias. «Nosotros hemos dado las directrices, hemos hecho algún proyecto piloto, pero le corresponde a cada una de ellas esa tarea».

Fernández-Baca reconoce que no sabe lo que cada comunidad está haciendo, más allá de que algunas tengan creadas sus unidades como Asturias o Galicia.