España puede haber dejado atrás lo más difícil de la crisis y retomado la vía de la recuperación. Los últimos análisis de la Comisión Europea y de organizaciones internacionales como la OCDE corroboran una mejoría. Hay más crecimiento y menos paro -aunque registre la segunda tasa más elevada de la UE y abuse excesivamente de los contratos temporales- pero esta evolución ha sido insuficiente para poner freno a una de las grandes asignaturas pendientes que la políticas del Gobierno español no han conseguido revertir: la gran desigualdad económica y social.

Los últimos datos comparativos de la agencia europea de estadística muestran más sombras que luces. En 2016, el 27,9% de la población española -12,8 millones de personas- estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, cuatro puntos más que en 2008. Solo Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia tenían registros peores. Trasladando porcentajes a números significa que 12,8 millones de ciudadanos vivían en España en hogares con una baja intensidad de trabajo, una renta disponible (descontados impuestos) inferior al 60% de los ingresos nacionales medios o simplemente no tenían acceso a cuatro de los nueve elementos que definen la privación severa.

Es decir, en hogares en los que no había ingresos suficientes para pagar facturas tan básicas como el alquiler o el agua, que no disponían de una calefacción adecuada, que no podían afrontar gastos inesperados, comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días, incapaces de acceder a una semana de vacaciones fuera de casa al año, o que simplemente no podían permitirse disponer de un coche, una lavadora, una televisión o un teléfono.

Más trabajadores pobres

Un problema que se ha visto agravado en los últimos años por el aumento de los “trabajadores pobres” y por unos niveles de pobreza que la OCDE achaca especialmente al impacto que ha tenido la rebaja de las transferencias sociales por los ajustes económicos introducidos en los últimos años por el gobierno y que han disparado la desigualdad. Aunque en la fase inicial de la crisis hubo un aumento de la redistribución, gracias a las prestaciones por desempleo que sirvieron de amortiguador, a partir del año 2010 esta redistribución se estancó y volvió a dispararse la desigualdad.

El organismo con sede en París no es el único que alerta de ineficacia de las prestaciones sociales en España. La Comisión Europea también critica desde hace tiempo su “limitada cobertura” y, sobre todo, el hecho de que las ayudas no estén concentradas de forma adecuada en aquellas familias con las rentas más bajas lo que alimenta también las desigualdades. Además, según el último informe sobre finanzas públicas publicado por el Ejecutivo comunitario la semana pasada, España e Italia son dos de los Estados miembros en los que la población con menos renta se beneficia menos de las transferencias sociales.

“En la mayoría de los Estados miembros las transferencias sociales se destinan principales a los deciles más bajos -el tramo con menos ingresos-. Los deciles más bajos que ganan más con las transferencias sociales son los de Reino Unido e Irlanda. Los que menos, Italia y España”, señala el documento de la Comisión que alerta del aumento de las desigualdades y de la importancia de diseñar y utilizar políticas fiscales que mitiguen las diferencias.

La realidad, constata la Comisión en su informe sobre empleo 2018, es que el 20% de los hogares más ricos en la Unión Europea disponen de una renta 5,1 veces superior al del 20% más pobres. En países como España, Bulgaria, Lituania y Grecia esa proporción se dispara hasta las seis veces y media. Es más, el nivel de la desigualdad sigue siendo superior al de los años previos a la crisis en un tercio de los Estados miembros, entre ellos España donde la situación sigue siendo “crítica”.