Países como Suiza han avisado de que si se produce un colapso en las unidades de cuidados intensivos (ucis), debido al aluvión de pacientes con covid, no ingresarán a los ancianos. Sin embargo, España está inmersa en la segunda ola, donde podría volver a suceder, como en el primer azote, que no haya recursos suficientes para todos los enfermos que necesitan ventilación asistida u otros cuidados para críticos, sin unos criterios de priorización y triaje definidos, uniformes y consensuados.
El Ministerio de Sanidad publicó en abril un informe sobre aspectos éticos de la pandemia, elaborado por un grupo de trabajo, que indica que ante la escasez de recursos se deben establecer unas pautas de “priorización” en base a criterios “objetivos, generalizables, transparentes, públicos y consensuados”. En dicho documento, los especialistas “recomiendan” que en una situación crítica se tenga en cuenta el principio de “máximo beneficio” en la recuperación de vidas humanas, la “gravedad” del paciente y las “expectativas de recuperación”, sin que la edad o la discapacidad sean, por sí solas, un motivo de “discriminación” en el acceso a los recursos sanitarios.
Fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad reconocen que dicho documento puede haberse quedado desactualizado en algunos aspectos y que el criterio de triaje en las ucis sigue siendo el mismo: “la gravedad y necesidades del paciente, independientemente de la edad”. Pero ambos conceptos son muy amplios y vagos, hasta el punto que los médicos que trabajan mayoritariamente en las ucis, los intensivistas, o expertos en bioética exigen al Gobierno que dé unas pautas más definidas y concretas, que sirvan para unificar criterios en todos los hospitales de España, aunque la última decisión recaiga en el equipo médico.
La opinión de los intensivistas
De hecho, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) -la mayoritaria en el sector- celebró recientemente un debate público en el que los intensivistas reclamaron un sistema de triaje "transparente, consensuado y definido con antelación". En dicha mesa redonda participó Nuria Masnou, miembro del grupo de bioética de la sociedad y doctora del Hospital Josep Trueta de Gerona, quien abogó por implantar un modelo similar al de las listas de trasplantes, que “funciona y es ampliamente aceptado por la sociedad”.
Corrobora que actualmente no hay “unidad de criterio”, lo que provoca cierto “desconcierto” en los hospitales. En su opinión, debería ser el Ministerio de Sanidad el que marcara las pautas teniendo en cuenta la opinión de los diversos profesionales sanitarios que intervienen, no solo los intensivistas, y también de la ciudadanía. “Tiene que haber una discusión social, como se ha hecho en algunos estados de Estados Unidos”, señala.
La situación en las ucis puede desbordarse en breve. Si todo va bien, las medidas tomadas bajo el paraguas del estado de alarma evitarán la tragedia de tener que elegir a qué pacientes se les suministra la atención médica que podrían salvar su vida y a cuáles no, pero si las ucis se desbordan, de manera generalizada, como sucedió en marzo, lo que dificulta que los hospitales más liberados asuman los pacientes que no se pueden atender en otros, quizá no haya tiempo de establecer esa discusión social en torno al triaje.
Lo sucedido en la primera ola
En la primera ola, el colapso llegó de sopetón y pilló a administraciones y hospitales desprevenidos, por lo que “todo el mundo trató de sacar un documento para sentirse legitimado”, según explica Masnou. La Semicyuc emitió unas recomendaciones éticas en las que abogaba por priorizar a los pacientes con “mayor esperanza de vida” y clasificaba a los aspirantes en cuatro grupos, estableciendo que los que presentaran pocas “posibilidades de recuperación” no ingresaran en las ucis.
Ante ello, el Comité de Bioética, órgano consultor del Gobierno, pidió en dos ocasiones a Sanidad que diera instrucciones comunes, tras constatar que a nivel local y hospitalario cada cual iba por su lado. Primero por carta y en segundo lugar en un informe publicado en marzo y encargado por el Ejecutivo ante las quejas que en el sector de la discapacidad despertaron las recomendaciones de la SEMICYUC. El organo consultivo reclamó al Ejecutivo entonces que creara, «con prontitud, una comisión que apruebe esos criterios» de priorización.
Las recomendaciones del Comité de Bioética
Pero su petición cayó en saco roto. “Lo que no se ha hecho es tener un documento de consenso público”, ratifica el presidente del Comité y profesor de Derecho de la Universidad Comillas ICADE, Federico de Montalvo. En su opinión, el principio “utilitarista de maximizar el beneficio para todos”, recomendado por la sociedad de intensivistas, “no puede ser el único criterio” a tener en cuenta. Por ello, el Comité de Bioética señalaba que conviene basar las decisiones en un “modelo mixto” que tenga en consideración el criterio de utilidad social pero también los principios de equidad y protección frente a la vulnerabilidad. “Todo ser humano tiene derecho a una consideración como persona”, reclamaban los expertos.
