Buenas palabras, pero ningún compromiso. La Unión Europea (UE) se resiste a ayudar plenamente a España a hacer frente a la actual avalancha de inmigrantes irregulares africanos en las islas Canarias, percibido en muchos casos como un problema específico español. España abandonó ayer el Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), tras concluir las dos jornadas de reuniones en Tampere (Finlandia), sin haber logrado arrancar ningún compromiso concreto de nueva ayuda material de sus socios comunitarios.
La ofensiva diplomática emprendida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega a finales de agosto para "obtener más barcos, aviones, expertos y recursos de la UE" para hacer frente a la crisis migratoria en Canarias se está saldando con un vago respaldo político --no exento de críticas mordaces-- y con una ayuda económica testimonial del Ejecutivo comunitario. La esperada solidaridad de la mayoría de sus socios en barcos, aviones y expertos no acaba de llegar.
RESISTENCIA El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, admitió al concluir el Consejo de Ministros de Tampere que "está costando arrancar el compromiso de los países miembros de la UE" para aportar una ayuda concreta a la operación de vigilancia aeronaval en Canarias dirigida por la Agencia de Fronteras Exteriores europea (Frontex).
De momento, sólo "Italia, Portugal y, en menor medida, Finlandia" han aportado una contribución a la operación de control de la inmigración ilegal en Canarias, reconoció.
La presencia de los ministros de Justicia, de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Consejo de Tampere y los múltiples contactos bilaterales mantenidos al margen de la reunión con otros países no consiguieron vencer la resistencia de los demás estados a asumir como un problema europeo la crisis migratoria, que se continúa percibiendo como un problema básicamente español.
