Los traslados de sacerdotes pederastas de una parroquia a otra, o de un país a otro, son el eje de la trama de ocultamiento de los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia católica. Estos movimientos se han ejecutado por orden, o bajo el conocimiento, de los obispos responsables de cada diócesis. La asociación americana Bishop Accountability presiona desde hace años al Vaticano para que dé una explicación completa de las responsabilidad de los obispos en la epidemia. Mientras no lo hace, Anne Barrett y Phil Saviano (el activista que ayudó al Boston Globe a destapar los abusos silenciados en Boston, una historia recogida en la película Spotlight), responsables de un colectivo que investiga a religiosos de todo el mundo, llaman a hacer público todo lo que sigue enterrado. Y la sociedad española, como en su día hizo la de Estados Unidos, ha comenzado a excavar.
LOS PASOS / «Lo que estamos viendo en España es una transformación, ha empezado a desenterrar los abusos de la Iglesia. Hasta hace muy poco apenas había nombres de religiosos pederastas publicados y ahora todo parece estar en movimiento. Los medios de comunicación están tirando del hilo, las víctimas están saliendo y los legisladores españoles ya hablan de cambiar la ley para evitar las limitaciones de tiempo de la prescripción», defiende Barrett desde Roma, adonde ha acudido junto a Saviano para seguir de cerca la histórica cumbre del papa Francisco.
«Lo de España se parece más a lo que ocurrió en EEUU que en Irlanda», razona Barrett. En Irlanda hubo una ley de protección de datos «muy estricta» y «nunca se supieron» los nombres de los sacerdotes que abusaron de los menores. «O solo unos pocos». Bishop Accountability mantiene que sin conocer la identidad de los sacerdotes «culpables» resulta imposible asegurar que estos «rindan cuentas». Ambas cosas van «estrechamente ligadas».
Para la activista el hecho de que hasta la fecha en España sea una cuestión que solo parece preocupar a periodistas no es problema. «Así es como empieza», promete. El paso siguiente será que «cambie la prescripción» para garantizar que las víctimas tengan acceso al sistema legal y que se repare a las víctimas. «Esto siempre comienza con los periodistas. Como en Chile. Para que el Papa cambiara de actitud fue necesario que se publicaran a principios del 2018 trabajos periodísticos que creyeron a las víctimas y las empoderaron». Francisco, tras leer las conclusiones del informe elaborado por la Doctrina de la Fe, rectificó. Pidió disculpas por haber defendido durante su visita a Chile a un obispo que había resultado ser un encubridor y llamó a todos los líderes chilenos a Roma. En esa reunión los 34 obispos chilenos presentaron su dimisión y Francisco aceptó la de cinco de ellos.
Una de las investigaciones periodísticas que cita Barrett es la que llevó a cabo El Periódico de Cataluña en Chile. Este diario viajó a Santiago de Chile a finales del 2017 para cubrir la reproducción del caso Maristas.
Los reportajes publicados por este diario, la segunda semana de enero del 2018, destaparon que la mayoría de hermanos maristas denunciados eran españoles formados en un juniorado de Valladolid y enviados a Chile, pusieron nombres desconocidos sobre la mesa y lograron la primera confesión por parte de la congregación marista sobre la ocultación de abusos. A diferencia de España, donde el caso Maristas se saldó con una cuarentena de denuncias contra 12 profesores de tres colegios, en Chile el Vaticano sí ha decidido abrir una investigación para aclarar lo sucedido. Y la justicia chilena, a diferencia de la española, sin importar la prescripción de los delitos, ha actuado contra la hermandad marista.
LISTA PÚBLICA DE NOMBRES / «Creo que el papa Francisco se ha visto forzado a organizar este encuentro a causa de la mala publicidad que le están dando los casos de pederastia que recogen los medios de comunicación», asegura Barrett. El gesto que resultaría verdaderamente poderoso por parte del Papa en la cumbre sería que hiciera públicos los archivos de la Doctrina de la Fe. Este órgano supuestamente almacena la información de casos de los que ha tenido constancia.
«Hacer pública una lista con los nombres de todos los sacerdotes que considera culpables sería un gesto poderoso. Permitiría a miles de víctimas validar la historia de sus abusos y ayudaría a proteger a menores de religiosos pederastas que siguen en las comunidades. No se me ocurre un gesto más noble que revelar la identidad de los clérigos que la Iglesia sabe culpables», concluye.
