La cifra de sin papeles no para de crecer. La comparación de los datos del padrón del 2003 adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el registro de extranjeros del Ministerio del Interior arroja una cifra alarmante: el pasado 1 de enero vivían en España 1,176 millones de extranjeros sin permiso de residencia. Unos 300.000 más que un año antes.
La presidenta del INE, Carmen Alcaide, dijo la pasada semana que una vez acabado el trabajo de comprobación y purga de los datos que cada año hace su organismo sobre los padrones municipales el resultado es que en España residían el 1 de enero del 2003 42,6 millones de personas, de los que 2,5 son extranjeros.
En la misma fecha --el 31 de diciembre del 2002--, el ministerio del Interior sólo había contabilizado 1.324.001 extranjeros con permiso de residencia. La abultada diferencia entre esos dos registros constituye el dato más aproximado que puede obtenerse sobre la bolsa de irregulares, un grupo que crece estimulado por dos factores: la negativa del Gobierno a llevar a cabo nuevas regularizaciones extraordinarias y la tacañería con la que administra la concesión de permisos por la vía ordinaria.
CONCLUSION Los datos anteriores llevan también a la conclusión de que se está produciendo un aumento sostenido del número de extranjeros que se queda vivir en España situado en el medio millón de personas al año. Si en el 2002 la cifra de extranjeros empadronados creció en 515.427, el anterior lo había hecho en 613.916. En ambos años el número de nuevos permisos concedidos por Interior se mantuvo en cifras muy inferiores: 214.941 en el 2002 y 213.340 en el 2001. De seguir esta tendencia durante el 2003 podrían haber llegado otro medio millón de inmigrantes y a finales de este año nos podríamos encontrar con que la bolsa de sin papeles se acerca al millón y medio.
La gran mayoría de los expertos en inmigración sostienen que el padrón es, por ahora, un instrumento que se acerca mucho a la realidad de los sin papeles por una razón muy sencilla: el alta en el padrón concede al inmigrante irregular el derecho a la sanidad y a la escolarización de sus hijos.
