El modelo español, que se recoge en una disposición final de la ley de economía sostenible, aún pendiente de aprobación, no prevé la actuación contra los usuarios que intercambien archivos protegidos. Las medidas antidescargas del Gobierno se centran en las webs que facilitan esos intercambios. Si el texto queda como está, el propietario de los derechos de un archivo denunciará a una página ante la Comisión de Propiedad Intelectual.