Un total de 93.000 extremeños se beneficiará del anteproyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes que el Consejo de Ministros aprobó ayer en Madrid. La nueva norma pagará a los españoles por cuidar a familiares que dependan de ellos

La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, calificó el acuerdo estatal de "necesario y buena noticia para los extremeños".

De esta manera ya está en marcha el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, ya está en marcha. El anteproyecto de ley hará posible que todas las personas que no se valen por sí mismas tengan sus necesidades cubiertas "vivan donde vivan", según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. La norma consagrará la figura del cuidador familiar, que cotizará a la Seguridad Social y percibirá una ayuda económica. "La ley es un camino que empieza hoy y terminará cuando no haya ni un dependiente desatendido", dijo la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega.

La delegada del Gobierno, Carmen Pereira destacó que "de nuevo ha tenido que ser un gobierno socialista el que universalice los derechos de las personas dependientes en nuestro país, lo mismo que en su día se hizo con la sanidad pública, la educación o las pensiones".

Igualmente, aludió a la repercusión indirecta del acuerdo sobre otros muchos más extremeños, en tanto que se va a apoyar la tarea de todos aquellos familiares que tienen que cuidar a esas personas que no pueden valerse por sí mismas, indicó.

La norma estará a pleno rendimiento en el 2015

Una vez supervisado por los órganos asesores del Gobierno, el anteproyecto de ley tendrá que volver a pasar por el Consejo de Ministros, que lo aprobará y lo convertirá en proyecto de ley. Este pasará entonces al Parlamento, donde tendrá que ser ratificado definitivamente. Caldera destacó que la ley comenzará a aplicarse en el 2007. Ese año, según los cálculos realizados por el ministro, serán atendidas unas 200.000 personas. En el 2008, las ayudas sanitarias, sociales y económicas previstas en la norma llegarán a otros 160.000 dependientes más.

Tras recordar que en España más de 1,1 millón de personas sufren una dependencia grave, Caldera afirmó que la norma supondrá un respiro no sólo para los afectados sino también para sus familiares. En la actualidad, la atención a los dependientes se realiza en el ámbito del propio hogar. Es más, un 83% de los cuidadores son mujeres, que se ven imposibilitadas para entrar en el mundo laboral. Para evitar esta situación, la ley consagrará la figura del cuidador familiar, que cotizará a la Seguridad Social y percibirá una ayuda económica, que aún está por determinar.

El sistema costará 9.000 millones de euros

El Sistema Nacional de Dependencia costará unos 9.000 millones de euros al año, una cifra que se aproxima al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) español. La financiación correrá a cargo de la Administración central (50%) y las comunidades (50%). En un principio, el dinero que debe pagar el Estado provendrá del superávit de la Seguro, que, precisamente ronda el 1% del PIB. Después pasará a costearse a través de impuestos. En ningún caso, el Gobierno creará una tasa especial.

Los menores de 3 años son excluidos del plan

Los titulares del nuevo derecho deberán cumplir dos requisitos: ser personas dependientes y tener más de 3 años de edad. El grado de dependencia será decidido por un equipo de técnicos, nombrados por el Gobierno. Habrá tres escalafones: moderado (necesita ayuda una vez al día), y severo (requiere atención dos o tres veces diarias).

Coberturas de seguro poco implantadas

Muchas aseguradoras anuncian que lanzarán seguros de dependencia, pero pocas lo han hecho de forma efectiva. Primero tienen que aclara el papel que les dejará jugar el Estado. Algunos expertos, como Guillem López Casasnovas, afirmaba en el mismo que la escasa implantación se debe al efecto de "la lejanía entre el inicio del seguro y el surgimiento de la contingencia ponderada por su probabilidad".

El también economista Pere Ibern aboga por que "el sector privado no ejerza de complementario del público".