Una de la preguntas más reiteradas a cualquier candidato en periodo electoral es cuál sería la primera decisión que tomaría si resultara elegido. Pedro Sánchez no podía saberlo cuando presentó la moción de censura, pero una de sus primeras decisiones importantes acabó sacudiendo a Europa, al acoger al Aquarius, un barco cargado de inmigrantes en situación límite rechazado en los puertos italianos. Un año después, no puede descartarse que se haya arrepentido. Creó unas expectativas de cambio de rumbo en la política de inmigración que no ha podido o querido cumplir, aunque en algunas materias como la acogida a los recién llegados y a los solicitantes de asilo se haya mejorado.
El control de fronteras ha sido intensificado. En este terreno, el más visible, el pretendido giro respecto al Gobierno anterior acabó convertido en un simple gesto sin continuidad. Al contrario. El Ministerio de Fomento retuvo meses después sin salir de puerto a otros dos buques de oenegés (Open Arms y Aita Mare) para no verse obligado a acoger los inmigrantes que rescataran. Su titular, José Luis Ábalos, interpelado en el Parlamento, reconoció que la acogida del Aquarius solo había sido «una llamada de atención a Europa» para que se movilizara ante el drama humano que suponía la insolidaridad del Ejecutivo italiano. «España no puede hacerse cargo del salvamento de los náufragos de todo el Mediterráneo, ya lo hace en sus costas, sin ayuda de oenegés», argumentó entonces el ministro valenciano.
EFECTOS LIMITADOS / El gesto tuvo efectos limitados. Varios países se repartieron la acogida de nuevos barcos, pero solo durante unos meses. También se habló de un sistema de asilo común, reformando el Convenio de Dublín, y de crear una plataforma de desembarco seguro. Pero nada se ha hecho, como recuerda Paloma Favieres, de la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El año pasado casi se duplicó la llegada de pateras, con más de 57.000 personas que entraron en España. El PP, recién desalojado del Gobierno, aprovechó para vincular estas llegadas masivas, especialmente intensas en verano, a un supuesto efecto llamada provocado por el Aquarius. Fue el momento en que Sánchez pisó el freno, ante el temor de que su giro le supusiera un desgaste electoral, aunque el aumento fuera debido al cierre de las fronteras del Mediterráneo Central y Oriental. La UE logró que allí Libia y Turquía ejercieran de gendarmes e impidieran las salidas, tras destinarles cuantiosos fondos.
PROMESAS / En paralelo al rescate del Aquarius, el Gobierno también había prometido suprimir las denominadas devoluciones en caliente así como las cortantes concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero ni lo uno ni lo otro se ha llevado cabo. No solo las devoluciones han seguido, sino que el abogado del Estado recurrió una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por una de ellas. La idea de retirar las concertinas se mantiene, pero condicionada a elevar la altura de las vallas y hacerlas más infranqueables.
El blindaje de fronteras se ha potenciado con las devoluciones exprés de subsaharianos que saltan la valla de Ceuta rescatando un antiguo acuerdo con Marruecos que nunca se había utilizado. Y con la presión de España ante la Unión Europea para desbloquear fondos destinados al país alauí, tras lo cual este se ha mostrado mucho más activo en la lucha contra la inmigración irregular. La llegada de pateras se ha reducido algo en lo que va de año (un 6%) y este verano «no parece que vaya a haber un repunte», según José Javier Sánchez, responsable de emigraciones de Cruz Roja.
La acogida a los recién llegados es el aspecto que más ha mejorado. Las imágenes de pabellones polideportivos atestados de los viajantes en patera se han mitigado. El número de plazas ha pasado de 630 a 3.000 desde la moción de censura, según datos de Cruz Roja. Y las plazas para peticionarios de asilo también se han incrementado (de 195 a 2.600 desde el 2015).
La atención posterior que reciben los inmigrantes ya es más problemática, especialmente la de los menores no acompañados (menas). Son responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno destinó un presupuesto extraordinario, pero no ha sido suficiente. El problema de fondo se mantiene. Las comunidades más afectadas, Cataluña y Andalucía, no dan abasto. La atención es insuficiente y muchos de los niños acaban en la pequeña delincuencia.
EXPEDIENTES ATASCADOS / La falta de medios sigue atascando la resolución de los expedientes de asilo, con esperas de entre seis meses y un año y más de 70.000 pendientes. Además, las denegaciones superan el 60%. El Defensor del Pueblo lo acaba de denunciar junto al colapso en las concesiones de nacionalidad. El sistema acumula más de 300.000 solicitudes.
Si España vuelve a tener de nuevo presupuestos podrá empezar a solventarse. Al igual que el Fondo de integración, acogida y refuerzo educativo. El PP lo dejó a cero. Sánchez lo dotó con una partida de 70 millones en las cuentas del 2019, pero el destino de estas es conocido. Su rechazo precipitó la pasada convocatoria electoral.
