En enero, Osmel Martínez regresó a Miami tras pasar unos días en China por motivos laborales. No se encontraba bien. Tenía síntomas de gripe, de modo que fue al hospital por miedo a haber contraído el coronavirus durante su viaje al país asiático. Las enfermeras lo aislaron en una habitación especial, desinfectada, y le recomendaron que se sometiera a un TAC, según informó el Miami Herald. Martínez tenía seguro sanitario, pero era uno de esos seguros con baja cobertura y altísimos copagos, así que pidió se le hiciera antes un examen de sangre para ahorrarse costes y comprobar si no se trataba más que de una simple gripe.

Tuvo suerte. Había sido una falsa alarma, pero dos semanas después recibió una carta de su seguro para informarle de que debía 3.270 dólares por su visita hospitalaria. Su historia ilustra los enormes desafíos que enfrenta EEUU a medida que el covid-19 se expande por el país. La ausencia de una sanidad universal que garantice la cobertura de todos los ciudadanos y las escasas protecciones laborales con las que cuentan millones de trabajadores han agravado la capacidad de respuesta de la Administración, ya de por su muy criticada por su lentitud y su aparente improvisación.

Cerca de 40 millones de estadounidenses están subasegurados, como Martínez, y otros 28 millones ni siquiera tienen seguro sanitario. Una circunstancia nada alentadora cuando más necesario es que la ciudadanía se haga las pruebas del coronavirus en cuanto aparezcan los primeros síntomas. «La falta de seguro puede provocar que la gente retrase la visita al médico o que simplemente no sean atendidos», le dijo al Daily Beast Lawrence Gostin, un experto en salud pública de la Universidad de Georgetown. «Eso solo ayuda a propagar la epidemia». Hasta el domingo había unos 430 casos confirmados en 30 estados y una veintena de muertos. Seis gobernadores han declarado el estado de emergencia para desmovilizar fondos e aumentar recursos.

Pero la Casa Blanca no ha adoptado de momento medidas para ayudar a esos más de 70 millones de ciudadanos que afrontan costes prohibitivos si acuden al médico. El paquete de 8.000 millones de dólares aprobado por el Congreso para hacer frente al coronavirus no resuelve el problema, ni tampoco la encrucijada que encaran los trabajadores sin derecho a baja médica, cerca de un tercio del total. EEUU es el único país industrializado que no garantiza por ley la baja por enfermedad, de modo que millones de personas podrían ser despedidas si optan por quedarse en casa como medida de precaución. Particularmente, aquellos que trabajan en el sector de los servicios, donde más precarias son las condiciones, desde los restaurantes, al servicio doméstico o el cuidado de los mayores.

«¿Qué va a pasar con ellos y con sus familias?», se preguntaba la diputada demócrata, Rosa DeLauro. La Administración baraja fórmulas para cubrir las facturas de los pacientes sin seguro, pero de momento no es más que un proyecto.

La mitad de los estadounidenses cuentan con menos de 4.500 dólares en sus cuentas de ahorro, un pírrico margen para hacer frente a la hospitalización o las bajas no pagadas.