La lucha contra el sida sigue estancada en el capítulo de la no discriminación. Un informe presentado ayer por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, revela prácticas de exclusión en España en el ámbito laboral, que se han traducido en despidos y en cambios en las condiciones de empleo. La investigación, realizada por la Universidad Carlos III en colaboración con Cruz Roja mediante 2.139 entrevistas, recoge un total de 596 prácticas discriminatorias en otros campos como la sanidad, el acceso a becas y servicios y la contratación de seguros, que conlleva la denegación de créditos e hipotecas.
El coordinador del informe, Rafael de Asís, explicó que en el ámbito laboral se realizan pruebas ilegales de seropositividad y se incluyen preguntas en los formularios o en las entrevistas de reclutamiento de personal para conocer si el candidato es seropositivo. También abundan las denuncias en la práctica sanitaria de aislamiento de pacientes, realización de pruebas sin consentimiento y revelación pública de su enfermedad.
La discriminación y la restricción del acceso a algunos servicios, como balnearios, residencias y pisos tutelados, se basa en numerosas ocasiones en la aplicación errónea del criterio de "enfermedad infecto-contagiosa" al VIH/sida, según el informe.
El director ejecutivo del programa de Naciones Unidas para el sida (Onusida), Peter Piot, alabó el trabajo, pionero en el mundo, y advirtió de que la consecuencia más grave de la discriminación es que, además de violar la dignidad de este colectivo y vulnerar sus derechos humanos, limita la efectividad de las políticas contra el sida, ya que desanima a las personas a que se realicen la prueba y las lleva a ocultar su seropositividad para no ser discriminadas.
Salgado recordó que, en la encuesta oficial sobre hábitos sexuales del 2005, uno de cada tres españoles afirmaron que no trabajarían o estudiarían con un infectado por VIH.
