Padres y educadores no necesitarán entrar en un videojuego para saber su contenido y la edad para la que es más adecuado. Los productos informáticos de entretenimiento deberán llevar desde agosto una etiqueta en la que se establece una clasificación por tramos de edad (más de 3, 7, 12, 16 y 18 años) y otra que alertará mediante iconos de la presencia de escenas de violencia, vocabulario soez, terror, sexo, drogas y discriminación social o racial.
El actual código, que desaparecerá en julio, no facilita esta información y sólo diferencia entre videojuegos válidos para todos los públicos, mayores de 13 años y de 18 en adelante.
La nueva medida es fruto del código europeo de autorregulación PEGI (Pan European Game Information), adoptado por 18 países, incluido España, y que fue presentado ayer por la ministra de Sanidad, Ana Pastor, y la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE).
Los editores deberán rellenar un formulario en el que explicarán los contenidos del producto y enviarlo al Instituto Holandés de Clasificación de Material Audiovisual (NICAM), que fijará una clasificación provisional. Si el producto es apto para más de 3 años o más de 7, el NICAM dará licencia para etiquetarlo.
Si la clasificación provisional responde a edades superiores a 12 años, el organismo "revisará uno por uno todos los videojuegos antes de facilitar el permiso", explicó el presidente de la ADESE, Francisco Arteche. El nuevo sistema prevé que un consejo independiente de reclamaciones tramite las quejas de los usuarios y la industria. En España se harán a través de ADESE.
Los infractores, según la directora general de Consumo, Dolores Flores, deberán retirar el producto y reetiquetarlo de forma adecuada. En caso de reincidir, serán expulsados del sistema de clasificación.
"Si los incumplimientos son graves o muy graves, como etiquetar para mayores de 3 años años videojuegos que corresponden a otros tramos, los editores serán sancionados con multas de 5.000 a 10.000 euros.
Alemania es el único país de la UE que no se ha vinculado al programa porque tiene regulado el sector de manera estricta. Pastor anunció que su departamento estudiará un decreto u otra norma similar a la alemana si la autorregulación no funciona.
