El Parlamento Europeo ha pedido este jueves, por primera vez, la compensación económica al conjunto de víctimas europeas de la talidomida, un medicamento contra las náuseas en el embarazo que fue retirado en 1963 por sus graves efectos secundarios. La resolución ha sido aprobada con el apoyo unánime de los distintos grupos políticos y abre la puerta a que todos los afectados por este fármaco alemán, que provocó malformaciones en alrededor de 10.000 fetos en la década de los 50 y 60, puedan recibir las indemnizaciones que reclaman con independencia de donde procedan. El objetivo es que la Comisión establezca un plan a nivel comunitario que asegure compensaciones similares para cualquier afectado. Precisamente este viernes la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) presenta una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso judicial seguido en España desde el 2012.
El texto aprobado exige medidas concretas al Gobierno alemán para que tome cartas en el asunto y permita el acceso de todos los afectados europeos -y no solo sus nacionales- al fondo para indemnizaciones creado en ese país. Es decir, las víctimas que hayan sido reconocidas como tales en cada estado ya sea mediante unasentencia judicial o por los esquemas nacionales de ayuda. Y es que el medicamento no solo era fabricado por Grünenthal, una compañía alemana, sino que además una investigación independiente destapó en 1970 la interferencia del Ejecutivo alemán en el proceso penal contra el fabricante, dando como resultado que no se pudiera determinar un culpable. Por ello el pleno ha destacado que Alemania tuvo “una responsabilidad particular en la tragedia” y también ha pedido que Grünenthal compense y atienda a las víctimas.
REVISIÓN DEL PROCESO
Los eurodiputados también han instado al Gobierno español a que revise el proceso que inició el expresidente Zapatero en el 2010, y facilite de una vez por todas la correcta identificación y posterior compensación de los supervivientes españoles, ya que España está entre los numerosos países europeos donde las víctimas siguen luchando por una compensación. De hecho, la asociación española de víctimas de la talidomida (Avite) ha recibido varios reveses en los últimos años tras pasar su caso por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional, que en julio pasado no admitió el recurso de amparo al considerar que se trataba de un delito ya prescrito. Para las 500 víctimas españolas, que todavía no han visto ni un euro, se tomó como momento de iniciar el cómputo de tiempo una fecha errónea: 2008 en lugar de 2010, que es cuando llegaron los informes médicos que establecían la vinculación entre el medicamento y los daños provocados.
Soledad Cabezón, eurodiputada española del grupo de los socialdemócratas que inició la petición, ha afirmado que “50 son muchos años de espera por parte de las víctimas para reconocer elmayor desastre de la medicina del siglo XX” a la vez que ha insistido en que el Real Decreto del 2010 se ha demostrado insuficiente. Por su parte el popular Esteban González Pons se ha mostrado avergonzado de que España sea “el único país que aún no ha reconocido a sus víctimas”, unas palabras que han sido recriminadas por la parlamentaria de Izquierda Unida Ángela Vallina: “Señor Pons, ustedes son Gobierno, van por la segunda legislatura, si se cree lo que acaba de decir, hable usted con su partido”, ha afirmado en el pleno.
DERECHOS FUNDAMENTALES
En este contexto, la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) presenta este viernes una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso judicial seguido en España desde el 2012. El abogado de Avite Ignacio Martínez y el presidente de la asociación, José Riquelme, la entregan en la oficina de correos de Alcantarilla (Murcia), donde tiene su sede la entidad.
"Es lo que nos queda. Acudir a Estrasburgo porque aquí ya se nos han cerrado las puertas", ha dicho a Efe Riquelme, quien ha recordado la decisión del pasado mes de julio del Tribunal Constitucional de no admitir su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica Grünenthal, al entender que la acción había prescrito. El cuerpo de la demanda es sencillo, según Riquelme, pero a esta se le adjuntan 2.800 folios de documentos.
Riquelme ha reprochado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que la proposición no de ley que aprobaron hace unas semanas esté "durmiendo en el cajón de los recuerdos del Parlamento".
Y al Gobierno, también le recrimina, que "se resista a iniciar la elaboración de la ley que desarrolle esa proposición no de ley, y también se resista en crear la comisión de seguimiento que contemplaba".
